Bienvenido lector:

Federico Osorio Altúzar ha sido profesor de Filosofía en la UNAM y en la ENP (1964-1996) y Editor de la Gaceta de la ENP desde 2004.
Durante 15 años fue editorialista y articulista en el periódico NOVEDADES.
Es maestro en Filosofía. Tiene cursos de Inglés, Francés, Griego y Alemán.
Ha publicado en Novedades, el Heraldo de Chihuahua, El Sol de Cuervanaca, el Sol de Cuautla, Tribuna de Tlalpan, Tribuna del Yaqui, Despertar de Oaxaca y actualmente colabora en la versión en Línea de la Organización Editorial Mexicana (OEM).







lunes, 20 de agosto de 2012

EN CHIHUAHUA, LA PRIMERA REUNIÓN PLENARIA DE SENADORES




En Chihuahua, ciudad capital del Estado grande, la Primera Reunión de Senadores Electos enciende iluminadores focos de esperanza. Se trata de la apertura de la agenda legislativa, con arreglo a la cual el cuerpo colegiado de la Cámara Alta se apresta para asumir sus funciones el próximo mes de la Patria. Los tiempos apremian.
El proyecto renovador va de lo político a lo económico; de la política de seguridad en paz y armonía a la reforma e instauración de todos los programas que tienen que ver con el bienestar social. La planeación democrática es, en primera y última instancia,  palanca para el crecimiento y desarrollo en todos los órdenes del entendimiento y la convivencia nacional.
Chihuahua ha sido elegida sede, ciertamente idónea, para este cónclave mediante el cual se inaugura, con días de antelación, el inicio formal de la nueva Legislatura en cuyo seno estará a prueba, desde ahora, la capacidad, lucidez y el patriotismo de los representantes delegados del querer objetivo de los mexicanos, expresado electoralmente el pasado 1 de julio, a fin de reconstruir y remodelar el tejido de la voluntad jurídico-política de la población.
Tres proyectos de reforma se enuncian como prolegómenos del revolucionario plan que anticipa el tránsito hacia la modernidad del Estado mexicano. Son reformas que van al fondo de la estructura  social y económica de una nación en crisis de “posguerra”, de la  impremeditada y fútil guerra contra los cárteles de la droga. Es decir, son reformas apremiantes por las que clama una nación casi en ruinas por la nula planeación de Estado, en medio del derrumbe de las finanzas nacionales, así como el cierre de la oferta laboral para los jóvenes; para mujeres y hombres de la tercera edad.
Tres reformas que, si bien no son todas las habidas y por haber, sí hablan en voz alta, estentórea, en espera de cambios radicales, con visión de Estado: la  reforma energética, rubro afectado inmisericordemente por intereses ajenos a la productividad, por ejemplo en el caso de PEMEX y la CFE; la reforma laboral impulsada hace poco como propuesta desde CONAGO, al frente el mandatario local, César Duarte, y la reforma hacendaria por desgracia frenada y conculcada en tiempos del ex gobernador (ahora flamante senador por el Estado, Patricio Martínez García), elaborada con carácter propositivo y  con el apoyo técnico y profesional  del, asimismo, Contador Público Miguel Sapién Ponce, desde la secretaría de Finanzas del Gobierno en el sexenio de 1998 a 2004.
Acerca de esta última (la reforma hacendaria), habría que mencionar la visión de Estado  implicada en su formato, alcance y dimensión como proyecto que, en aquel entonces, convocaba, a su vez, paralelamente, a una reforma del federalismo  mexicano, en lo jurídico, político y económico, cuya implantación en tal caso hubiese sorteado los tropiezos y descalabros de que ha sido víctima la nación. En efecto, un organismo  social con síndrome de esclerosis no puede menos que ser presa de parálisis financiera por los abusos del centralismo fiscal, acaparador y beneficiario principal  de las tributaciones de las entidades federativas. Incluso, como ha ocurrido, ser víctima de caer en garras de la deshonestidad y la corrupción por parte de informantes, con carácter de “empresarios” delatores oficiosos desde las altas esferas del poder, en perjuicio de Estados y Municipios, con el propósito inicuo de obstruir, ilícita e irresponsablemente, la transferencias de los recursos necesarios para  el bienestar de los pobladores en el campo y la ciudad.
El mejor de los éxitos se espera de esta Reunión Plenaria.

lunes, 13 de agosto de 2012

CHIHUAHUA EN LUCHA PARA ERRADICAR EL NARCOTRÁFICO




La guerra improvisada en contra de los narcotraficantes deja testimonios de ineficiencia, ineficacia e ineptitud.  Como legado, un impresionante cementerio con víctimas inocentes, luto en los hogares, miseria en el campo y la ciudad. Cunde la impresión de que impera en el país, el Estado de naturaleza y no un Estado de Derecho, como manda la Constitución.
En Sonora huyen de sus asentamientos indígenas por la agresión de los maleantes. Son indigentes que sobreviven a duras  penas y se convierten en parias desvalidos de la noche a la mañana. Parecida suerte padecen los pobladores en los caminos vecinales que van del Valle a los parajes serranos que comparten sonorenses y chihuahuenses: de Tesopaco al Palmarito, pasando por Curea, Nuri, Santana hasta los límites del Estado grande (Chihuahua), en los municipios  de Moris y Ocampo en las alturas de la Tarahumara.
Retenes de la muerte y zonas empobrecidas pululan en la región. Es evidente la acción expoliadora de extranjeros apoderados del subsuelo mexicano, con el beneplácito de autoridades locales. Esto es caldo de cultivo para el auge y la prosperidad de los traficantes de droga. Mientras tanto, la improductividad agropecuaria, la imprevisión y el ejercicio de la corrupción hacen de las suyas. Bajo el manto de la inseguridad jurídica se  imponen  reglas de convivencia por parte de la criminalidad organizada, originando inseguridad pública, violencia y pobreza extrema.
En el Estado Grande es otro, contrastante,  el escenario sociopolítico, económico, educativo y en los enclaves de salud. Chihuahua es antesala de la recuperación material y social en la entidad y en todo México. En la frontera norte retorna, paso a paso, la paz social; lo mismo se respira convivencia en relativa paz con barruntos ciclónicos en la ciudad capital, asolada por la acción criminal en años recientes. Los pobladores de las ciudades afectadas por la criminalidad aguardan beneficios del bienestar semejantes a los años que fueron de 1998 a 2004, cuando se colocaba a la entidad como paradigma en el país. Regresa no obstante la esperanza y el optimismo, vía la planeación y las inversiones,  el crecimiento y el desarrollo, con participación de empresarios nacionalistas en la industria, en el campo y en el ámbito urbano.
Pero es en el agro donde el Estado grande hace sonar la campanada que convoca a toda la región del norte y del noroeste a recuperar la paz por medio del Derecho, la prosperidad a través de la inversión planificada, la seguridad jurídica y la seguridad pública avalada por la honestidad de sus políticos y administradores en los municipios opulentos como en los más necesitados de la Tarahumara, territorio hasta hace poco confinado en el olvido. Nos referimos a las zonas de Batopilas, Moris, Ocampo, Chínipas y otras más, ahora recuperadas.     
La semana anterior los agricultores de la Sierra dieron a la primera cosecha de aguacate en su historia, el carácter de un festival de la productividad y como símbolo del recobro de los derechos de la tierra en directo beneficio de sus legítimos poseedores. Dio la impresión de ser  aquello una fiesta insólita por parte de los lugareños de barrancas y cañadas en la montaña,  en donde el clima es propicio para la siembra de café, mango, frutas tropicales como la guayaba y la papaya. Y fue la celebración como un grito triunfal de los humildes labriegos ante la furia desbocada de los narco sembradores, tolerados ciertamente por la corrupción y la anarquía.
Chihuahua, así, hace vibrar la voz de la esperanza, pugnando por validar el imperio de la legalidad, la planeación democrática, con fundamento en la Constitución y la honradez política, por encima de la represión, el desacato a los fallos judiciales y el autoritarismo.

viernes, 3 de agosto de 2012

POSELECCIONES: CON LA FUERZA DE LA LEY O CON LA LEY DE LA FUERZA


La oposición de izquierda hace estremecer los cimientos de la política nacional, convirtiendo el proceso poselectoral en un verdadero campo de batalla. Bajo la presunción de lograr  la nulidad de los comicios, echa mano de los recursos a su alcance con el propósito de hacer del artilugio de la “ciudadanización” el emblema de su causa, pasando por encima de las instituciones: el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJFE)
La “Vox Populi”, no la voz del derecho electoral  es, a su entender, la última palabra. El veredicto final correría, así, a cargo de las movilizaciones y no estaría a la resulta de la instancia para dirimir los conflictos de acuerdo con la reforma de los años setenta. Ni el órgano responsable del cómputo (IFE) ni el órgano encargado de resolver en definitiva las disparidades (TEPJFE) serían, por tanto dignos de acato. Ciertamente los magistrados no sustituyen, no podrán hacerlo, conforme a derecho, a los ciudadanos. Tampoco, los ciudadanos sustituyen, con arreglo a lo dispuesto por la Constitución, a los partidos políticos como instituciones a través de las cuales comienza la configuración de la voluntad social.
Poder regulador son los órganos antes mencionados, pero en modo alguno tienen la calidad de ser el gran elector o árbitro de la expresión electiva de los ciudadanos.
El conflicto electoral planteado con el sello y firma de las izquierdas, haciendo a un lado al IFE y presionando mediante marchas y plantones a los magistrados del Tribunal Electoral, hace caso omiso a las modificaciones constituciones en los artículos 60 y 97. Los líderes opositores al cómputo electoral que da la ventaja al candidato del PRI, aspiran a llevar las manecillas del reloj de la historia hasta los muy lejanos tiempos del último tercio del siglo XIX. Entonces, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, don José María Iglesias, decidió la nulidad de la reelección de don Sebastián Lerdo de Tejada,  autonombrándose, sin mediar convocatoria alguna, Presidente de la República, en lo que podría considerarse un golpe de Estado incruento.
Por demás está mencionar que eran aquellos tiempos de restauración republicana, del “quítate tú y me pongo yo” y de fogosas y apasionadas apologías para justificar los raptos del poder público. Sobre el decir, que el citado episodio estimado como una “desventurada experiencia” por estudiosos del tema como Antonio Carrillo Flores en el prólogo al empolvado libro, muy valioso por cierto, de Miguel González Avelar “La Suprema Corte y la Política” (UNAM, 1979), daría pábulo a la posición contraria, la de  don Ignacio Luis Vallarta, asumida por no pocos connotados jurisperitos y políticos de nombre, en el sentido de alentar el tabú de que el Poder Judicial no tenía por qué contaminarse con el fuego de los conflictos electorales.
Ni una ni otra desmesura es admisibles en los tiempos que corren.
Nada de lo que atañe a la sociedad puede ni debe ser ajeno al Derecho. Y  todo lo que este hace y ventila se convierte en oro; es decir, se vuelve asunto a dirimirse en los tribunales a cuyo cargo corren las resoluciones definitivas a los asuntos que se le plantean, con arreglo a las disposiciones normativas que los crearon y cuyos límites se establecen en el supremo ordenamiento constitucional.   
No hay, así, como en los tiempos de la República restaurada, como en la época de la recuperación de la soberanía jurídica del país, lugar o excusa para el uso y usufructo arbitrario del imperio de la legalidad. Lo mismo no hay justificación para soslayar la “Vox Dei”: la del Derecho y sus instituciones. Ahora, las cuestiones del poder se resuelven con la fuerza de las leyes; no con el poder de la fuerza.


martes, 31 de julio de 2012

DEMOCRACIA EN CRISIS: ESTADO DE PARTIDOS O ESTADO DE CLASES



Vive la democracia nuestra un largo periodo de crisis. En las dos últimas décadas hemos asistido a lo que podríamos llamar el “Síndrome de Almazán”, con sus propias modalidades y efectos tras las cuatro elecciones anteriores, incluyendo la más reciente de julio pasado.
Se da en llamar “Síndrome de Almazán” en el anecdotario político nacional, a la sensación o complejo de triunfo por parte de grupos políticos liderados por algún carismático personaje que considera haber alcanzado el triunfo en una contienda electoral, pero que su pretensión resulta frustránea a la postre.
El término  mencionado data de más seis décadas. Es decir, surge tras la encendida competencia entre Juan AndrewAlmazán y Manuel Ávila Camacho, aspirantes a la Presidencia de la República en los comicios de 1940, con el polémico resultado y la virulenta reacción de los partidarios del primero al conocerse públicamente el cómputo oficial que favorecía al último de los militares y caudillos posrevolucionarios.
El síndrome en cuestión se aplica con ocasión de la elección de finales de los ochenta en la que se proclamó  vencedor al priista Salinas de Gortari frente al candidato opositor  izquierdista, Cárdenas Solórzano, cuyo nombre y renombre quedó opacado por la maquinaria del partido casi único, haciendo casi nula la movilización de sus seguidores y adherentes y por la inercia ciudadana aunada a la pronta declinación cardenista.
La alevosa y cobarde muerte de Luis Donaldo Colosio marcó el camino de lo que sería la entrega de la estafeta del poder al PAN  convertido en partido a vencer, albacea de los peores vicios del PRI en arreglada retirada, pero éste acechante oficioso desde entonces hasta su actual retorno sinuoso a Los Pinos, cuestionado ahora por las izquierdas en ascenso, pero en vías de ser declarado su aún aspirante Enrique Peña Nieto, sucesor potencial del alicaído y todavía Presidente Felipe Calderón, en funciones.
A una tangible crisis de la democracia equivale la actual etapa poselectoral, cívica y contestaría, sujeta a límites permisibles y controlados hasta la fecha, a juzgar por el clima de pasible tranquilidad y a pesar de los barruntos de violencia física y de las  escenas retóricas convocando al reclamo multitudinario, a la denuncia colectiva y a la descalificación masiva.
Bien sabemos que crisis no es, a secas, preludio de fatal convulsión o extremo desenlace, sino conmoción reveladora de transición y cambio, de mutación hacia un mejor estado de cosas. Incluso, es síntoma de agonía en el sentido etimológico de lucha, contienda, combate. Y no en el sentido de preámbulo de muerte y consunción. 
Así, a nuestro juicio, del síndrome de Almazán pasamos a la crisis y a la conmoción que hace de la confrontación poselectoral condición para la inminente e insoslayable reforma política. Y dentro de ésta,  a la reforma de los partidos, a fin de resolver la antítesis política en el sentido de elegir entre convalidar el Estado de partidos o escoger el Estado de clases bajo el disfraz de la suplantación de la vida partidaria consagrada en la Constitución; es decir llevaría en este último caso a optar por la movilización ciudadana como fórmula de participación y cambio social, político y, en consecuencia, democrático.
Pero no habría que olvidar la admonición de Kelsen en el sentido de que la democracia es, por antonomasia, un Estado de partidos. “La voluntad colectiva se forma en la libre concurrencia, escribe en “Teoría General del Estado”, de los intereses  constituidos  en partidos políticos… Es posible como transacción y compromiso entre grupos opuestos. No siendo así, corre el peligro de transformarse en su contrario: en una autocracia.”
 La tarea es, por tanto,  perfeccionar la vida partidaria, no aniquilarla o suplantarla.


lunes, 23 de julio de 2012

CENTENARIO DE LA MUERTE DEL CHIHUAHUENSE PORFIRIO PARRA




Hace un siglo, el 5 de julio de 1912, murió a la edad de 58 años el doctor Porfirio Parra, médico y filósofo, director entonces de la Escuela Nacional Preparatoria. Oriundo de Chihuahua, aunque radicado desde temprana edad en  esta ciudad, fue un distinguido “alonsíaco”, denominación con la que eran reconocidos los alumnos del Antiguo Colegio de San Ildefonso,  del cual egresaría para continuar estudios en la, asimismo, ancestral Escuela de Medicina, no sin haber recibido la impronta magisterial de su mentor, el igualmente médico y filósofo,  doctor Gabino Barreda.
Bien sabido es que Barreda fue el primer director de la Preparatoria, nombrado por el Presidente Benito Juárez en los inicios de la República restaurada, el  17 de  diciembre de 1867, como también es del dominio general el dato relacionado con la formación profesional de Barreda en Francia en donde recibió la influencia del connotado pensador positivista, a la sazón en plenitud de renombre y gloria, Auguste Comte.
Parra, sucesivamente alumno del doctor Barreda en el claustro ildefonsino  y  en Santo Domingo, sería en su momento uno de los más notables sucesores del filósofo positivista, de cuya enseñanza  profesional había abrevado, llevando a la cátedra preparatoriana, con extraordinaria lucidez, el desarrollo del sistema filosófico de su maestro, y abonando con similar talento y pasión las bases de la pedagogía laica, según el método de las ciencias y las humanidades, regido por la inducción y la experiencia.
Al paso inmediato de los años, uno y otro, maestro y alumno, los doctores Barreda y Parra, respectivamente fundador y pionero de la filosofía científica en nuestro país, fueron blanco de la crítica emponzoñada y de los dicterios perversos, cuyos autores, enarbolando la ideología como enseña de las filosofías románticas y subjetivistas en boga, colocarían en el banquillo de los acusados a los representantes y propagadores del positivismo, identificándolos con la dictadura del general Porfirio Díaz y descalificándola como instrumento político al servicio del poder autocrático. Lejos de la correcta mira andaban los detractores.
A cien años de su muerte, y a casi 150 años de la fundación y apertura de la Preparatoria, “Alma Mater”, cronológicamente, de la flamante Universidad Nacional, no se ha ponderado con objetiva imparcialidad y rigor metodológico el legado del movimiento positivista en nuestro país, particularmente en lo que se refiere al deslinde de la educación media superior y superior, de las ataduras de la educación dogmática, confesional y escolástica, como también a fin de valorar la presencia, tardía ciertamente, de la filosofía de la Ilustración europea, la herencia del liberalismo inglés por John Stuart Mill y la apertura hacia el incipiente criticismo filosófico enseñado por don Alfonso Caso y continuado cuesta arriba en los círculos de estudiosos e investigadores de las escuelas neokantianas de Baden y de Marburgo, presididas por Francisco Larroyo y Guillermo Héctor Rodríguez, respectivamente, hacia el segundo tercio del siglo XX.
No es poco lo que habrá que escribirse sobre el particular, con motivo del sesquicentenario en puerta de la Preparatoria. Por ejemplo, acerca de los obstáculos, lastres e impedimentos burocrático-académicos que frustraron el libre curso del pensamiento progresista en la Universidad y su propagación en los sistemas de enseñanza media y superior. Y sobre la permanencia de aquel método de filosofar en nuestros días.
Mientras tanto, habría que subrayar la correlación entre ciencia y filosofía, entre las disciplinas técnicas y las humanidades, a partir del legado positivista transterrado por Barreda y proseguido brillantemente por el chihuahuense Porfirio Parra en su “Nuevo Sistema de Lógica Inductiva y Deductiva”, edición cuidadosamente realizada, afirma en sus “Efemérides” el doctor Ernesto Lemoine, por Tipografía Económica en el distante año de 1903.    

lunes, 16 de julio de 2012

IMPUGNACIÓN Y DEFENSA DE LAS INSTITUCIONES

El bosque no deja ver los árboles. El fenómeno poselectoral, como era previsible, ha puesto una densa polvareda, difícil de tolerar. Triunfadores y derrotados prosiguen la fragorosa batalla a fin de acreditar lo que consideran de justicia: lo equitativo y propio de cada quien. La lucha por el poder continúa por otros medios: por la vía del convencimiento y la persuación; de la controversia legal a fin de invalidar el triunfo del abanderado del PRI, Enrique Peña Nieto; de la denuncia y el reclamo paraimpugnar el recuento de sufragios; en fin, por intermedio de la anunciada petición del PRD y su candidato Andrés López Obradorcon el propósito de anular la elección. De manera similar a lo ocurrido en 1988 y en 2006, con el intermedio del año electoral del 2000, la sucesión presidencial en nuestro país sigue envuelta en un mar de contradicciones y paradojas, sin posibilidades inmediatas de resolución. En lugar de allanarse los conflictos, se ahondan con los resultados adversos tangibles para la población más desfavorecida en lo económico y lo social. Cuatro sexenios sucesivamente, dos del viejo PRI y dos del PAN, han bastado para echar a pique lo realizado durante varias décadas en la construcción y defensa de las instituciones socioeconómicas y políticas del México posrevolucionario. Se echaron por tierra en un abrir y cerrar de ojos los fatigosos esfuerzos, los avances y las conquistas en educación, desarrollo agropecuario, salud pública, empleo y defensa de los derechos soberanos de la nación frente a la amenaza, voracidad del comercio depredador, junto con los ávidos e insaciables consorcios transnacionales. Lo que el antiguo régimen liberal edificó, abriéndose paso en medio del fuego cruzado de caciques e impostores del bienestar popular, el neoliberalismo dela década finisecular lo destruyó, con furiosa celeridad, abriendo las puertas de par en par a la incursión de un neopanismo de similar corte y confección, destructivo y derrochador de lo ajeno. Por fortuna, hoy llega, irremisiblemente,a su letal ocaso. La irrupción de las izquierdas por su parte, deja, en esta convulsa realidad histórica, una estela larga de incertidumbre, suspicacias eineficacias. En el 88, con la complicidad de Manuel Bartlett, hoy compungido colaboracionista en la debacle electoral,el movimiento opositor fue apabullado, sin más. En el 2006, la historia se repitió frente a la aplanadora panista y los apoyos nada gratuitos del exterior. Hoy, en este controvertido 2012,la corriente impugnadora trata de reivindicarse, apostando a la autodefensa con arreglo al método de la legalidad, no sin alentar las inconformidades vía la protesta y la movilización, sin perder el objetivo de triunfo a posteriori, a través de la manifestación masiva contestataria. Frente a la turbulencia desatada no cabe duda que ganarán, al fin y al cabo, las instituciones. La defensa de la democracia pasa, debe pasar, por la apología de las instituciones. Éstas, perfectibles como todo lo humano, requieren de una introspección o examen riguroso, más que de terapias inocuas, para extirpar los males perniciosos que le aquejan. La trilogía IFE, FEPADE Y TEPJF son organismos víctimas de afecciones remediables;no de enfermedad terminal. Las izquierdas han dado voz de alerta: es tiempo de atender al paciente con todos los medios al alcance. Y si es necesario acudir, frente a la emergencia, a cirugía mayor, habrá que hacerlo a la brevedad. Sin embargo, lo importante y decisivo es no querer terminar, a toda costa, con el indiciado, cuando de lo que se trata esacabar con la enfermedad. Finalmente,árboles y bosque son parte consustanciales de una y la misma realidad. Sin aquéllos sería punto más que imposible contemplar a éstos en su profusa, a veces inconcebible y difusa objetividad.

lunes, 9 de julio de 2012

PATRICIO MARTÍNEZ: EL CONGRESO QUE EL PAÍS REQUIERE

De Chihuahua llegó, en la persona de sus próceres, hace un siglo, la Revolución Mexicana. Hoy, en los comienzos de esta convulsionada década, envía a un representante singular, altamente calificado, al Senado de la República. Ocupará un sitio relevante, sin duda, en la sede de Reforma. Para el ex gobernador Patricio Martínez no es nueva la encomienda que sus coterráneos le acaban de otorgar. En cuatro ocasiones, entre 1992 y el 1 de julio de este año, los chihuahuenses han visto su efigie en las boletas electorales, las cuales han marcado para encumbrarlo como presidente municipal de la ciudad capital,diputado federal, gobernador y ahora Senador de la República. En cada uno de los dichos desempeños se ha conducido con arreglo a las atribuciones y facultades consagradas en la Ley. En su función de Alcalde laboró con ejemplar independencia en la administración municipal, incluso en relación con instrucciones del Presidente en turno, Carlos Salinas de Gortari, que a su juicio no eran pertinentes para los chihuahuenses. Años más tarde, la ciudad capital sería elevada al rango de la urbe más segura de América Latina. Fue la más limpia desde el punto de vista urbano y con mayores índices de seguridad para la población. En su investidura de Gobernador, Patricio Martínez dignificó la magistratura a través de programas de desarrollo industrial, intercambio comercial con países de ultramar y por medio de acciones tendentes a la promoción del campo, de la cultura de la legalidad y del progreso en las áreas de la educación universitaria y tecnológica. Era visto por sus pares, en las reuniones de CONAGO, como el promotor más entusiasta y enterado, por su formación profesional y calidad de estadista, de una profunda reforma hacendaria, malograda desafortunadamente a causa de la política conservadora y centralista del entonces presidente de la República, Vicente Fox, hacia el final de su errada gestión al frente del Ejecutivo. Estableció relaciones inéditas en su tiempo con los mandatarios fronterizos de la región, sus colegas, obteniendo el reconocimiento público de su parte en conferencias regionales y en el seno mismo del cónclavede gobernadores, instituido éste como un avance del federalismo político en ciernes. Justamente, el entonces gobernador de Chihuahuahabló en el estilo que lo singulariza, con franqueza y la voz en alto, señalando las incongruencias y la inequidad en materia hacendaria que colocaba, y mantiene aún a los Estados de la República en condición de aportadores de recursos acopiados con el sudor y esfuerzo de cada entidad y en situación de receptores con rango de perpetuos peticionarios del favor y la comprensión financiera por parte del gobierno central. Conocedor por dentro y por fuera del poder público, experimentado en la tarea de hacer leyes desde el foro más elevado de la nación, como diputado por Chihuahua, Patricio Martínez es, en plena madurez política, una garantía como senador de la República para impulsar las reformas que México requiere: reforma laboral, educativa, en materia de seguridad jurídica y seguridad política. En suma, en su función de miembro de la generación revolucionaria, por medio del Derecho, no mediante las armas y la violencia, cabe esperar de sus gestiones la promoción de la justicia constitucional, la equidad social y para inducir eficacia en las políticas públicas de bienestar, por hoy en franca bancarrota. Un Congreso ágil, eficaz, reformador de leyes y conductas, requiere de la presencia de hombres públicos con la calificación de estadistas. Chihuahua envía a sus mejores representantes con ese efecto, dispuestos a respaldar las propuestas enunciadas por el nuevo huésped de LosPinos, el Mandatario de la renovación y la modernización de México.