La oposición de izquierda
hace estremecer los cimientos de la política nacional, convirtiendo el proceso
poselectoral en un verdadero campo de batalla. Bajo la presunción de lograr la nulidad de los comicios, echa mano de los
recursos a su alcance con el propósito de hacer del artilugio de la “ciudadanización”
el emblema de su causa, pasando por encima de las instituciones: el Instituto
Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJFE)
La “Vox Populi”, no la voz
del derecho electoral es, a su entender,
la última palabra. El veredicto final correría, así, a cargo de las
movilizaciones y no estaría a la resulta de la instancia para dirimir los
conflictos de acuerdo con la reforma de los años setenta. Ni el órgano
responsable del cómputo (IFE) ni el órgano encargado de resolver en definitiva
las disparidades (TEPJFE) serían, por tanto dignos de acato. Ciertamente los
magistrados no sustituyen, no podrán hacerlo, conforme a derecho, a los
ciudadanos. Tampoco, los ciudadanos sustituyen, con arreglo a lo dispuesto por la Constitución , a los
partidos políticos como instituciones a través de las cuales comienza la
configuración de la voluntad social.
Poder regulador son los
órganos antes mencionados, pero en modo alguno tienen la calidad de ser el gran
elector o árbitro de la expresión electiva de los ciudadanos.
El conflicto electoral
planteado con el sello y firma de las izquierdas, haciendo a un lado al IFE y
presionando mediante marchas y plantones a los magistrados del Tribunal
Electoral, hace caso omiso a las modificaciones constituciones en los artículos
60 y 97. Los líderes opositores al cómputo electoral que da la ventaja al candidato
del PRI, aspiran a llevar las manecillas del reloj de la historia hasta los muy
lejanos tiempos del último tercio del siglo XIX. Entonces, el presidente de la Suprema Corte de
Justicia, don José María Iglesias, decidió la nulidad de la reelección de don
Sebastián Lerdo de Tejada,
autonombrándose, sin mediar convocatoria alguna, Presidente de la República , en lo que
podría considerarse un golpe de Estado incruento.
Por demás está mencionar que
eran aquellos tiempos de restauración republicana, del “quítate tú y me pongo
yo” y de fogosas y apasionadas apologías para justificar los raptos del poder
público. Sobre el decir, que el citado episodio estimado como una “desventurada
experiencia” por estudiosos del tema como Antonio Carrillo Flores en el prólogo
al empolvado libro, muy valioso por cierto, de Miguel González Avelar “La Suprema Corte y la Política ” (UNAM, 1979),
daría pábulo a la posición contraria, la de
don Ignacio Luis Vallarta, asumida por no pocos connotados jurisperitos
y políticos de nombre, en el sentido de alentar el tabú de que el Poder
Judicial no tenía por qué contaminarse con el fuego de los conflictos
electorales.
Ni una ni otra desmesura es
admisibles en los tiempos que corren.
Nada de lo que atañe a la
sociedad puede ni debe ser ajeno al Derecho. Y
todo lo que este hace y ventila se convierte en oro; es decir, se vuelve
asunto a dirimirse en los tribunales a cuyo cargo corren las resoluciones
definitivas a los asuntos que se le plantean, con arreglo a las disposiciones
normativas que los crearon y cuyos límites se establecen en el supremo
ordenamiento constitucional.
No hay, así, como en los
tiempos de la República
restaurada, como en la época de la recuperación de la soberanía jurídica del
país, lugar o excusa para el uso y usufructo arbitrario del imperio de la
legalidad. Lo mismo no hay justificación para soslayar la “Vox Dei”: la del
Derecho y sus instituciones. Ahora, las cuestiones del poder se resuelven con
la fuerza de las leyes; no con el poder de la fuerza.
