.jpg)
La guerra improvisada en contra de los
narcotraficantes deja testimonios de ineficiencia, ineficacia e ineptitud. Como legado, un impresionante cementerio con
víctimas inocentes, luto en los hogares, miseria en el campo y la ciudad. Cunde
la impresión de que impera en el país, el Estado de naturaleza y no un Estado
de Derecho, como manda la
Constitución.
En Sonora huyen de sus asentamientos indígenas por la
agresión de los maleantes. Son indigentes que sobreviven a duras penas y se convierten en parias desvalidos de
la noche a la mañana. Parecida suerte padecen los pobladores en los caminos
vecinales que van del Valle a los parajes serranos que comparten sonorenses y
chihuahuenses: de Tesopaco al Palmarito, pasando por Curea, Nuri, Santana hasta
los límites del Estado grande (Chihuahua), en los municipios de Moris y Ocampo en las alturas de la Tarahumara.
Retenes de la muerte y zonas empobrecidas pululan en
la región. Es evidente la acción expoliadora de extranjeros apoderados del
subsuelo mexicano, con el beneplácito de autoridades locales. Esto es caldo de
cultivo para el auge y la prosperidad de los traficantes de droga. Mientras
tanto, la improductividad agropecuaria, la imprevisión y el ejercicio de la
corrupción hacen de las suyas. Bajo el manto de la inseguridad jurídica se imponen
reglas de convivencia por parte de la criminalidad organizada,
originando inseguridad pública, violencia y pobreza extrema.
En el Estado Grande es otro, contrastante, el escenario sociopolítico, económico,
educativo y en los enclaves de salud. Chihuahua es antesala de la recuperación
material y social en la entidad y en todo México. En la frontera norte retorna,
paso a paso, la paz social; lo mismo se respira convivencia en relativa paz con
barruntos ciclónicos en la ciudad capital, asolada por la acción criminal en años
recientes. Los pobladores de las ciudades afectadas por la criminalidad aguardan
beneficios del bienestar semejantes a los años que fueron de 1998 a 2004, cuando se colocaba
a la entidad como paradigma en el país. Regresa no obstante la esperanza y el
optimismo, vía la planeación y las inversiones,
el crecimiento y el desarrollo, con participación de empresarios
nacionalistas en la industria, en el campo y en el ámbito urbano.
Pero es en el agro donde el Estado grande hace sonar
la campanada que convoca a toda la región del norte y del noroeste a recuperar
la paz por medio del Derecho, la prosperidad a través de la inversión
planificada, la seguridad jurídica y la seguridad pública avalada por la
honestidad de sus políticos y administradores en los municipios opulentos como
en los más necesitados de la
Tarahumara , territorio hasta hace poco confinado en el
olvido. Nos referimos a las zonas de Batopilas, Moris, Ocampo, Chínipas y otras
más, ahora recuperadas.
La semana anterior los agricultores de la Sierra dieron a la primera
cosecha de aguacate en su historia, el carácter de un festival de la
productividad y como símbolo del recobro de los derechos de la tierra en
directo beneficio de sus legítimos poseedores. Dio la impresión de ser aquello una fiesta insólita por parte de los
lugareños de barrancas y cañadas en la montaña,
en donde el clima es propicio para la siembra de café, mango, frutas
tropicales como la guayaba y la papaya. Y fue la celebración como un grito
triunfal de los humildes labriegos ante la furia desbocada de los narco sembradores,
tolerados ciertamente por la corrupción y la anarquía.
Chihuahua, así, hace vibrar la voz de la esperanza, pugnando
por validar el imperio de la legalidad, la planeación democrática, con
fundamento en la
Constitución y la honradez política, por encima de la
represión, el desacato a los fallos judiciales y el autoritarismo.
