El tema de la reforma del
poder pasa, sin duda, por la revolución mediática. La vuelta del PRI a Los
Pinos motiva las más encendidas polémicas de que haya memoria en la antesala de
la renovación del Ejecutivo federal. Grupos como “Yo Soy 132” rompen lanzas contra la
mediocracia llevada a sus extremos opresivos, enarbolando proclamas en favor de
la sociedad de la información.
Tesis como las contenidas en
Tecnopolítica (Stefano Rodotá, Planeta 2000) son esgrimidas con una deliberada
intencionalidad en defensa de la democracia, condicionando la utilidad de las
nuevas tecnologías de la comunicación a su ejercicio y práctica. O bien,
enuncian un nuevo sentido del humanismo clásico, moderno y posmoderno, apoyado
en la revolución informática a que se refiere Mario Bunge en “Crisis y
Reconstrucción de la
Filosofía ” (Gedisa, 2002)
En la UNAM , las discusiones,
propuestas y reflexiones críticas están a la orden del día. Nada es ajeno a la Casa de Estudios en lo que se
refiere al examen, al debate ideológico, al enfoque discursivo y al
conocimiento objetivo de lo que ocurre en el entorno social. Aquí, cabe
mencionar “Conflicto y poder en la
UNAM. La Huelga de 1999” , publicación de Gerardo L. Dorantes en el
año 2006.
La presentación reciente de otro
libro suyo “Grupos de poder y construcción de agenda en la institucionalidad
del Estado” (2012) , convalida lo anterior. Su autor es profesor en la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales, comunicólogo universitario de “cepa pura” como diría el
ex rector Guillermo Soberón, a quien prestó diligente colaboración, lo mismo que
al rector Sarukhán. Ha entregado gran parte de su vida laboral, en esa relación, a Rectoría de la Universidad y a la Secretaría de Salud en
el Gobierno federal.
Dorantes pone el acento en la
construcción de la agenda para la democracia. Con ese efecto, sugiere que si se trata de configurar una genuina
sociedad de la información es el Estado, con los recursos institucionales a su alcance, el inmediato depositario de la
voluntad popular para establecer límites entre lo privado y lo social, para normar
la actividad de empresas dedicadas a la publicidad sin deterioro de la libertad
de expresión y la promoción de bienes y servicios. En suma, al Legislativo
corresponde precisar, con aquel objetivo, la esfera de los derechos y las obligaciones
a la luz de la imputación legal.
El libro de Gerardo Dorantes
es oportuna convocatoria a los políticos, a los universitarios, a los
comunicólogos y a todos aquellos que tienen a su alcance la misión de expresar
sus ideas, sus vivencias y experiencias sobre este asunto. Se destina,
asimismo, a quienes asumen el poder, y en particular a las mujeres y hombres
responsables de cambiar los derroteros de la sociedad a fin de impulsar, por la
vía “de jure” y, por tanto “de facto”, la transición hacia la democracia. Así, el riesgo no sólo de una Presidencia “de
pantalla”, o de una sociedad electrónica, erigida por medio de la “encuestocracia”
y las redes informáticas, no pasará de una presunción o intimidación anunciada,
latente, pero no llevada a sus últimas consecuencias.
Medios, no fines (mucho menos
fines absolutos) son los recursos que provee la denominada revolución
informática. Son útiles para el logro gradual, incesante, hacia la sociedad
abierta a que se refería Karl R. Popper. La República ideal, no
quimérica, a la que aspiramos, es aquella que se construye y reconstruye con el
método de la jurisprudencia y en virtud de la actividad diligente, previsora y
creadora, por lo tanto, de los titulares de los poderes públicos. Esta es una conclusión que deriva de la lectura del
ensayo de Gerardo Dorantes.
