El
Comité Noruego resolvió otorgar el Nobel
de la Paz al mandatario colombiano Juan Manuel Santos en una decisión que ha
causado sorpresa en círculos políticos de su país y del exterior.
Seguramente,
después de dos décadas se había puesto en el cesto de los olvidos la resolución
que, en su momento, motivó un malestar similar cuando, junto con Isaac Rabin y Shimon Peres, Yasser Arafat fue asimismo
distinguido con la presea con la cual se enaltece a los héroes de la
conciliación y la concordia.
En
aquel entonces la indisposición con la que se recibió el premio fue por haber
colocado al lado de los forjadores de los acuerdos de Oslo, también Yasser
Arafat, connotado líder de las falanges terroristas a las que se imputaba la
muerte de decenas de civiles israelíes, ancianos y mujeres indefensas.
Esta
vez, la irritación nace del hecho mediante el cual se excluye a Rodrigo
Londoño, líder de la guerrilla, a quien consideraban merecedor del galardón, de
manera similar a como se había exaltado, conjuntamente, al dirigente árabe, en
1994, por méritos ciertamente inexplicables.
Cabe
mencionar el dato relacionado con la jornada plebiscitaria efectuada con el propósito
de conocer el “sí” y el “no” de los colombianos en torno al proceso y a los
acuerdos pactados entre el gobierno y la guerrilla.
Como
se sabe, el resultado del referéndum fue un rechazo al acuerdo pactado en La
Habana.
No
obstante, el Premio Nobel de la Paz fue otorgado al presidente Juan Manuel
Santos.
Representa
una convalidación al esfuerzo del mandatario de Colombia. Y en cierto modo, una
calificación implícita al movimiento que a lo largo de medio siglo ha
ensangrentado a centenares de hogares en aquel país.
El
“no”, por tanto, está vinculado al procedimiento de hacer justicia por mano
propia. En otras palabras, la resolución es en favor de la vida institucional que
se expresa por la repulsa implícita a toda forma de sublevación armada contra
los gobiernos establecidos o legítimos. En definitiva, equivale a una condena
del terrorismo beligerante igual al que defienden y auspician las fuerzas
armadas llamadas revolucionarias.
Por
otra parte, se corre la voz acerca de una posible manipulación del pasado
referéndum. Más aún, se alude a una vedada infiltración del crimen organizado,
para el cual los acuerdos de paz lesionan y afectan de manera directa sus nefandos
intereses.
Al
margen de conjeturas, habrá que considerar que la paz es un proceso por lo
general azaroso, complejo, cuesta arriba. No cae buenamente de las nubes.
Implica concesiones de las partes. Requiere de tiempo, por lo mismo.
Está
rodeado, en permanente amenaza, de incertidumbre, dolo, engaños secretos y de
traiciones. Exige de la voluntad lo mismo que de la destreza, el aplomo de sus
coautores.
Se
habla de acuerdos y desacuerdos, de asentimientos y disentimientos. Y al final
de pactos, cuyo aval está en manos de quienes están dispuestos a respetar y
cumplir los convenios.
En
este sentido el Premio Nobel de la Paz lo comparten por igual pueblo y
gobierno, sociedad y representante del poder político de Colombia. Es un
homenaje público, internacional, discernido en aras de una paz anhelada y
convertida en hazaña de la negociación política, proseguida durante varios
años.
Quizás
sea prematuro echar las campanas a vuelo. Pero el proceso continúa abierto,
susceptible de ser enriquecido. Dependerá su buen éxito de hacer a un lado el
rencor; de no anteponer la venganza como vía para lograr el cierre, poco a poco,
de heridos que todavía sangran.
La
paz por medio del derecho está, nuevamente, a prueba. Colombia, los
colombianos, lo merecen.
