Bienvenido lector:

Federico Osorio Altúzar ha sido profesor de Filosofía en la UNAM y en la ENP (1964-1996) y Editor de la Gaceta de la ENP desde 2004.
Durante 15 años fue editorialista y articulista en el periódico NOVEDADES.
Es maestro en Filosofía. Tiene cursos de Inglés, Francés, Griego y Alemán.
Ha publicado en Novedades, el Heraldo de Chihuahua, El Sol de Cuervanaca, el Sol de Cuautla, Tribuna de Tlalpan, Tribuna del Yaqui, Despertar de Oaxaca y actualmente colabora en la versión en Línea de la Organización Editorial Mexicana (OEM).







martes, 27 de noviembre de 2012

UNA PRESIDENCIA NUEVA Y UN CONGRESO DILIGENTE


Un PAN envejecido prematuramente, maltrecho a manos de su dirigencia,  y un mandatario venido a menos entregarán la Presidencia de la República a su nuevo titular. El Ejecutivo en turno recibirá, a su vez, una Nación en plenitud de crisis, a punto de sucumbir bajo el fardo de incertidumbres y vicisitudes: endeudamiento, desempleo, corrupción, inseguridad y frustración.
Mientras el aún jefe del Poder político nacional da gracias a la Divinidad  por  haberle concedido el honor de conducir los destinos de este País, los ciudadanos,  de manera abrumadora, se arman de valor y  llenan de gratitud por el final de un sexenio más, que como los últimos cuatro, han sido escenario de una verdadera batalla para borrar a México, su denominación y su contenido históricos, del mapa mundial de  Estados autónomos y soberanos.
De Carlos Salinas de Gortari a Felipe Calderón, pasando por Ernesto Zedillo y Vicente Fox, los mexicanos nos hemos tenido que enfrentar a titanes de la malversación, destructores de instituciones (políticas, económicas y sociales), con arreglo a las cuales ondearon en la centuria anterior banderas de la modernidad entendida como prosperidad y progreso; como régimen de libertades para pensar lo que queremos y querer lo que pensamos.
La Presidencia que llega es una Presidencia nueva no sólo en el sentido de que emana de un Partido, ciertamente viejo por sus siglas, pero renovado, en el papel, según sus proclamas, compromisos y enunciados programáticos. Avalado, según se escucha decir, por voluntad de quienes afirman ser conciencia vigilante de sus acciones. Es decir, un PRI respaldado por sus correligionarios y adherentes, declarado brazo fuerte, vigoroso y confiable para enderezar entuertos y pulso firme  para conducir, sin zozobra, la nave de la Nación.
Una Presidencia nueva quiere y necesita México. Una Presidencia nueva, pero no entendida sólo cronológicamente, como tránsito y alternancia formal; nueva por la recuperación de su perfil constitucional y por su prestigio, investida de poderes, atribuciones y facultades que no merman  autoridad vía el autoritarismo y no bordan en la  ineficacia para cumplir deberes y hacer valer mandatos que derivan de la voluntad social y de las resoluciones judiciales.
La Presidencia nueva que quieren los mexicanos, la que todos queremos, más allá de fobias y afecciones partidistas, por encima de rencores, resentimientos, odios y afanes de venganza, es la Presidencia que proviene de los mayores, de los padres de la Patria. Es, ciertamente, la cúpula del poder político que enseñorea en la Nación que nos legaron liberales y revolucionarios. Esta Presidencia nueva, nos preguntamos ¿sería incapaz de actuar como dique y baluarte frente a los sempiternos depredadores del campo? ¿Se volvería cómplice de prestanombres y caciques disfrazados de redentores y salvadores de la sociedad? ¿Sería impasible para dar la cara con gesto nacionalista y protector ante explotadores del subsuelo, saqueadores en minas y yacimientos petrolíferos; acaparadores de cuencas acuíferas, arroyos y ríos?
Pero una Presidencia así, con talante patriótico, requerirá de un Congreso vigilante, integrado por diputados y senadores, dueños de elevado patriotismo y profundas convicciones nacionalistas, apasionados por la renovación del Derecho, promotores de cambios en la normatividad  vigente y en la función de legislar. Demanda, desde ahora, un Congreso convicto de su carácter creador y revolucionario de las letras de la ley; conocedor, del principio del Estado de Derecho,  “del principio de la constitucionalidad de la legislación y de la legalidad de su ejecución”, según la definición de R. A. Métall en “Hans Kelsen, Vida y Obra”.