Cuesta arriba pasó la Reforma
Hacendaria, eje principal de la reforma de Estado emprendida por el Presidente
a casi un año del reingreso del PRI a Los Pinos. Con la aprobación de la Reforma Educativa,
con todo y las turbulencias provocadas por la disidencia política, y en vías de
lograr el consenso cameral la Energética, puede decirse que el gobierno de
Enrique Peña Nieto se enfila a playas seguras a partir del segundo año de su
administración.
Los tropiezos, conatos de
ruptura en las sedes de Reforma y San Lázaro dejan lecciones que la clase
política sin duda habrá de asimilar. Por lo que se refiere a los ciudadanos, la
enseñanza es en el sentido de no más votaciones al vapor, nunca más el visto
bueno a candidaturas de individuos con expedientes arreglados, y veto al
arribismo de políticos venales y con antecedentes de inepcia y asociación
delictiva.
En el saldo negativo quedan
lagunas por llenar, vicios de procedimiento a superar como resulta a primera
vista la ausencia de consulta
pública previa a la discusión y al dictamen de iniciativas.
Llámese premura a fin de poner acción gubernamental en las áreas de referencia,
lo cierto es que los sectores involucrados en la Reforma fueron tan sólo
convidados de piedra, testigos irrelevantes, dado que la representatividad en
el Congreso carecía, carece, de capacidad argumentativa, con solvencia técnica
y profesional en el arduo debate dentro de comisiones. En la controversia para
llevar a buen término el contenido de la Reforma Educativa, se puso de
manifiesto el miedo a informar, a enterar oportunamente a la población, en
particular a los actores implicados: padres de familia y dirigentes gremiales
del magisterio. Vueltos “masa” los profesores en pie de lucha dan la triste
impresión de agitadores azuzados por líderes avezados en el arte de presionar
más que en el de razonar con tesis y propuestas.Así, la disputa “ex post facto”
está condenada al olvido y a la indiferencia.
Por lo que se refiere a la
Reforma Hacendaria la lucha de clases, es decir, la pugna consistió en confrontar los intereses
liderados por legisladores al servicio de los poderosos frente a las demandas y
urgencias de los marginados a cuyo cargo estuvo la defensa de diputados y
senadores convertidos en diligente oposición.
Los reaccionarios perdieron,
así, la batalla no sin dejar ver la intención de prorrogar los beneficios
adquiridos tras doce años de nefastos gobiernos conservadores, depredadores. El
ala izquierdista recobró bonos perdidos en las revueltas fallidas de sus
patrocinadores. Pero la Nación cuenta ya con disposiciones, cuya reglamentación
jurídica podría abonar el prestigio del mandato comprometido con el cambio, el
progreso y la reforma social.
Muchas fricciones se hubiesen
evitado si, como en el 2003 se hubiese efectuado, al culminarse, la propuesta
de un mandatario estatal, hoy miembro del Senado, quien motivaba la conciencia
política de sus pares a fin de realizar una Convención Nacional Hacendaria con
el concurso de los actores involucrados: gobernadores, presidentes municipales
y con el Ejecutivo Federal. Se trataría no de una reforma fiscal integral, sino de un cónclave o
convención a fin de poner de acuerdo a los 2 mil 500 fiscos municipales, a los
32 estatales incluidos el DF y al gobierno federal.
Patricio Martínez García,
mandatario de Chihuahua, asistido por el secretario de Finanzas Miguel Zapién
Ponce, en las reuniones de la Conferencia Nacional de Gobernadores(CONAGO)
sugería lo anterior a fin derealizar cambios constitucionales y reglamentarios
en pro de la justicia y la equidad.
