A diferencia de las
reformas del ex Presidente Salinas de Gortari, las propuestas por el mandatario
Enrique Peña Nieto tienen carácter imperativo: son inexcusables. No hay
posibilidad de ser negociadas, reitera el titular de Gobernación.
Una por una, las
modificaciones a la Constitución han pasado a través del crisol del Congreso
federal, levantando ámpulas la mayoría de ellas y ocasionando protestas organizadas
por una oposición que es dique o muralla, prohijadas por el renovado conservadurismo:
implacable y a ultranza.
Convertido en argumento
la paradoja de Bobbio, ¿quién controlará a los controladores?, el escudo para
rechazar el rubro relativo a la evaluación de los docentes, expresa el rechazo
a la susodicha reforma en forma por demás enfática: si los maestros son quienes
están facultados para aprobar o reprobar, entonces ¿cómo y por qué imponer el imperativo
de evaluar a los evaluadores? ¿Cómo y porqué ordenar una instancia por encima
de ellos, para examinar a los examinadores?
La reforma
educativa en marcha nació con el objetivo de ser eje del bloque de reformas a
fin de colocar a la nación en la vanguardia modernizadora. Tiene la finalidad
de ser crisol que garantice la pertinencia y la eficacia para formar ciudadanos
libres y responsables. No consiste, por tanto, sólo en avalar la capacidad para
instruir y transmitir, con eficiencia y eficacia, los conocimientos. Ha de
informar y formar cívicamente a la vez que educar en las ciencias, las
humanidades y en las técnicas modernas.
Oaxaca a la cabeza
de la feroz embestida, le siguen Guerrero, Michoacán y Sonora. Esta última
entidad, a causa de la quiebra jurídica y política ocasionada por el titular
del poder Ejecutivo, mandatario “de nomine”, evasor de juicio político y
prófugo de una justicia ineficaz que hace enmudecer tribunales, incluyendo a la
propia Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Nos referimos ya no
a los malabares del gobernador oaxaqueño tendentes a obstruir la precitada
reforma, sino al autoritarismo del político sonorense para quien el presupuesto
en materia de educación pública puede ser operado de acuerdo a su antojo, de
manera arbitraria, difiriendo la cobertura a las instituciones de enseñanza
media superior y superior sin ninguna explicación que justifique semejante aberración.
Aludimos aquí a la
actitud retrógrada de gobiernos, como el de Sonora, proclives a retener o
dilapidar los subsidios a tecnológicos y universidades, incluyendo a la máxima
casa de estudios en la Entidad, la UNISON. Gobiernos “de nomine” que, olímpicamente,
cometen agravios en contra de las
instituciones educativas públicas, casas de estudios notables por su excelencia,
a título de ejemplo el ITSON, el Instituto Tecnológico de Sonora, radicado en
Ciudad Obregón. el cual por cierto inicia festejos por los 60 años de servir,
con oportunidad y eficacia, al desarrollo y el progreso del Estado. El ITSON es
baluarte en Sonora ante la deserción
escolar y la frustración de miles de educandos.
A lo anterior, se
añade la cadena de arbitrariedades que suman el daño a la ofensa en contra de
quienes necesitan, a fin de continuar y culminar sus estudios técnicos y
profesionales, de la asistencia pública entendida no como limosna o dádiva. Es
decir, en el sentido de asignación de becas por parte del Estado, como práctica
y obligación del Estado benefactor y en el sentido de un compromiso del cual no
están exentos funcionarios de alta jerarquía hasta los gobernadores y
munícipes.
En la nómina de los
francotiradores contra la reforma educativa están, en suma, quienes retienen,
en perjuicio de las casas de estudios y de sus humildes huéspedes, los fondos
que el gobierno asigna para tal efecto y quienes suspenden el pago de becas a
los estudiantes sin recursos.
