DE OVERSIGHT A BUENAVISTA: JUSTICIA POR MANO PROPIA

A más de una centuria, casi 110 años, la Huelga de Cananea en la Mina Oversight suscita similares evocaciones: injusticia, humillación, vejaciones y altivo autoritarismo, al igual que lo ocurrido ahora en la Minera Buenavista, propiedad de Grupo México. ¡Pasta de Conchos no se olvida!

En aquel entonces, el conglomerado en protesta estaba formado por  rezagadores y carreros, barreteros y ademadores, todos ellos obreros en calidad de sobreexplotación que prorrumpían en gritos como el de “¡Cinco pesos y ocho horas de trabajo!”.

A nadie en la Entidad hacía estremecer aquella situación en donde la miseria y la explotación eran compañeras inseparables de los vilipendiados trabajadores, como ahora tampoco, incluyendo a funcionarios de la Federación, es capaz de atender los gritos de angustia como el de: “Si no hay agua para los habitantes del Río Sonora, tampoco habrá para los del Grupo México”.

La amenaza de huelga se cumplió tras el levantamiento de los mineros de Cananea. Y hoy, nadie dice lo que ocurrirá, si perdura la sordera y si el mutismo oficial continúa al paso de las horas y los días. La huelga dio paso a la encarnizada lucha contra los poderosos empresarios de la Oversight; así Cananea, a partir de la cruenta protesta, se volvió símbolo de la histórica lucha, la del débil frente al fuerte. Y, en el caso, sigue siendo punto de partida para batallas organizadas y referencia de imborrable memoria.

Llega la justicia por mano propia cuando los límites de la obediencia, el término de la prudencia y la disidencia dentro de los cauces de la legalidad, han sido violentados con lujo del desdén y la prepotencia. Surge, cuando menos se espera, y el reclamo verbal se convierte en hecho contundente. De ese modo, estalló en aquella Minera, dando pábulo a la violencia la cual de chispa distante y crepitante se haría hoguera incendiaria en todo el territorio nacional.

No se quería, mucho menos el dictador Díaz, que el torbellino se hiciese movimiento armado,. Y nadie quiere ahora, cuando todo indica que estamos en el umbral de reformas que podrían tener sentido social, que la paz y la armonía se quebrantaran por obra y gracia del abuso, los atropellos al Estado de Derecho, y por la absurda tolerancia de la autoridad frente al cinismo y el despojo en pleno día.

De John Locke a Luther King, pasando por H. D.Thoreau y Mahatma Gandhi, el derecho a la rebelión adquiere su propia versión en el sentido de práctica social, sin que por ello sea objeto de enfrentamiento propiciado por el Estado, más aún cuando el Estado se ostenta como organización respetuosa de los Derechos Humanos, garante de las libertades de libre tránsito y de libre expresión. Pertrechado, además, por ordenamientos de anticorrupción y de transparencia.

J. Rawls en su ensayo sobre Desobediencia Civil (1978) expone el tema en estos términos: “¿En qué punto deja de ser imperativo el deber de acatar las leyes promulgadas por una mayoría legislativa, en razón del derecho a defender las propias libertades y oponerse a la injusticia? Esta cuestión  entraña la de la naturaleza y los límites del régimen mayoritario”.  Prosigue: “Por este motivo, el problema de la desobediencia civil es una causa instrumental primordial para verificar cualquier teoría sobre el fundamento moral de la democracia”.

Hasta aquí la reflexión.  En el escenario de todos los días, nos percatamos que sube, cada vez más y más, el tono de las inconformidades: los derrames de tóxicos por la Minera del Grupo México suceden uno tras otro, en medio de pasmosa impunidad. Más de siete mil afectados por la contaminación siguen esperando la magra indemnización. Ni qué decir de la suerte de los presos políticos por la defensa del agua y en contra del Acueducto Independencia.

Y asoma, así, el monstruo de mil cabezas: el de la justicia por mano propia.

NORMAN BORLAUG: CIEN AÑOS DESPUÉS

Hace un año, por estos días, se conmemoró el centenario del natalicio de uno de los hombres con mayor celebridad en el mundo: Norman Borlaug, científico, filántropo en el más profundo significado del término, personalidad radiante de pasión por la biotecnología vegetal, benefactor número uno en un mundo de famélicos sin esperanza de vida en la remota India y en el lejano Pakistán.

Nació en una granja de los Estados Unidos de América, pero vivió largos y productivos años en Cajeme, haciendo del Valle del Yaqui su segunda patria, su hábitat propicio para su espíritu de investigador y de inventor de una realidad espléndida: la multiplicación de los panes en  una época de voraz hambruna en la patria de Gandhi y de la hoy mundialmente reconocida activista, Nobel de la Paz, 2014: Malala Youzafzai.

En la ceremonia conmemorativa del doctor Borlaug, Premio Nobel de la Paz, hace un año, el alcalde de Cajeme, Rogelio Díaz Brown, expresó: “Por nuestra vocación agrícola, los habitantes de Cajeme cuidamos, valoramos y defendemos el agua  como el recurso indispensable para la construcción de un futuro de progreso y bienestar, pues representa un elemento potencial para nuestro crecimiento económico”.

Antes, el munícipe ampliamente conocido por su lealtad en la defensa del recurso vital, el agua, para la producción de satisfactores alimentarios, había encomiado el alto nivel productivo del Valle del Yaqui y aludido al honroso título de “Granero de México”, alcanzado por disposición de sus empresarios, ejidatarios, comuneros y su población indígena.     

En la persona del Dr. Borlaug, el alcalde Díaz Brown había rendido generoso tributo a los héroes del pensamiento, a los adalides de la ciencia y la tecnología referidas a la actividad agroindustrial. Hizo notar entonces que las bondades de la Revolución Verde eran hechos documentados en las páginas de la Historia Universal. Y dio a la hazaña de la ingeniería genética su debida proporción: obra del conocimiento y de la paciente dedicación; de la experimentación planificada y de la organización al servicio de la sociedad, más allá de las barreras políticas y por encima de fronteras concebidas para ser franjas inexpugnables y no puertas y ventanas de comunicación y de intercambio de bienes para el bienestar y la paz universal.

A doce meses del centenario, el panorama sociopolítico y jurídico en Sonora es muy otro. Aunque entonces se dejaba sentir tensión y zozobra con motivo de la operación del Acueducto Independencia había, no obstante, grandes esperanzas y razonable optimismo sobre rectificación de ilegalidades. El cambio en las alturas del máximo poder político dejaba incubar confianza en torno a la rectificación de la justicia jurídica, sobre cómo restituir el deteriorado Estado democrático de Derecho. Rondaba la fe en las instituciones para resolver el diferendo en tribunales del Poder Judicial y se confiaba en la sabia interpretación de los custodios de la Constitución tocante a los derechos del agua, sobre su uso y usufructo; en torno a la consulta entre los usuarios y sus legítimos beneficiarios. En suma, crecía la certidumbre en que una consulta digna de ese nombre merecía del aval de autoridades en la materia, de científicos y expertos, planificadores y conocedores de riesgos y posibles daños, mediatos e inmediatos sobre el entorno ambiental.

Hoy las cosas han cambiado. En el banquillo están autoridades políticas y administrativas. El gobernador Padrés no está solo entre los inculpados. Ahí figuran los titulares de Semarnat, Profepa y de Conagua.

Por si esto fuera poco, se sabe de los derrames de tóxicos sobre ríos y arroyos de la Entidad. Los remedos de castigo: multas ínfimas ante  daños colosales.

Así, el aniversario del Dr. Borlaug ocurre entre augurios sombríos y grandes desesperanzas.

PADRÉS ELÍAS EN SAN LÁZARO, ¿QUIÉNES SIGUEN?

La Cámara de Diputados daría entrada al caso Padrés, así conocido en los medios informativos, el mismo día en que  las  Comisiones Unidas de la Cámara de Senadores aprobaron, en lo general y por unanimidad, la Ley General de Transparencia. Con anterioridad, la iniciativa anticorrupción había pasado el examen de los legisladores.

El punto de acuerdo es de suyo explícito: someter a votación el exhorto a la PGR y a la Secretaría de la Función Pública (SFP), con el propósito de que se investigue, con arreglo a sus atribuciones,  el caso de corrupción en el que aparece involucrado el titular del Ejecutivo de Sonora, Guillermo Padrés Elías.  Hasta ahí el adelanto.

De prosperar el exhorto, tras la investigación y en caso de hallarse imputable, se fincarían las responsabilidades conducentes.

Resultaría coherente y aún plausible la decisión de los representantes populares en cuanto a la moción para dar entrada y consensarse el exhorto en cuestión. Los ordenamientos que dictamina el Congreso son mucho más que palabra sin sustento obligatorio. Representan la voluntad social, el querer jurídico de los ciudadanos con carácter de inviolabilidad; es decir, con validez y eficacia, una vez decretados aquellos por el Presidente de la República.

En consecuencia, no más corrupción desde las alturas del poder; no más negocios ilícitos, inimputables, de cuello blanco, al amparo del fuero convertido en inmunidad constitucional, con “Patente de Corso”.  La ley anticorrupción significa que la impunidad deja de ser arma de dos filos: uno para ajuste de cuentas sobre el ciudadano común y otro para no hacer mella en la persona de autoridades y funcionarios, a pesar de la comisión de ostensibles delitos.

Asimismo un “¡Ya basta!” con la Ley de Transparencia, a la campaña de mentiras propagandísticas, para que no tenga lugar la práctica maquiavélica basada en el principio de que es mejor aquel que miente más.

La intencionalidad en uno y otro ordenamiento, el ya debatido y el que está en proceso de aprobación, va por el camino de hacer claridad y dar sitio a la legalidad administrativas, de tal manera que la discrecionalidad se convierta en responsabilidad republicana. De ser posible, según aquella austeridad ejemplar a que se refería el oaxaqueño Benemérito no sólo de las Américas sino de universalidad planetaria, don Benito Juárez.

Lo deplorable en todo esto (nos referimos al caso que involucra al mandatario de Sonora), es lo siguiente: ¿Fue necesario que el señalamiento en cuestión tuviese un débil eco en el órgano legislativo hasta que apareció la denuncia en el diario estadounidense  “The Wall Street Journal”? ¿No bastan los tronantes pronunciamientos de los diputados locales para que los ensordecidos oídos de las comisiones en el Congreso escuchen lo que hoy es motivo de cólera y encendida polémica en San Lázaro?                  

Por otra parte, ¿Desde cuándo la figura de Juicio Político dejó de tener vigencia, pues da la impresión de ser letra muerta en vez de principio que determine públicamente la responsabilidad de funcionarios y jefes de Estado? Por otra parte, ¿han renunciado diputados y senadores a ejercer sus más altos deberes para contener la anarquía en boga, la incontrolada codicia de quienes juraron cumplir y hacer cumplir los mandatos de la Carta Magna?

Una vez destapada la Caja de Pandora aquende y allende las fronteras, habrá que esperar, con la mejor esperanza, a que  salga a flote la urdimbre de complicidades, la cadena de latrocinios arropados en el manto de la impunidad y se castigue con meridiana ejemplaridad el uso y abuso de la política como vía de enriquecimiento y alianza con la criminalidad.

CLAUDIA PAVLOVICH: ACIERTO Y COMPROMISO DE CAMPAÑA

Comienza bien Claudia Pavlovich su campaña política. Diríase: “empieza con el pie derecho”. Deja ver con hechos más que con palabras el propósito de restablecer en Sonora el Estado democrático de Derecho a la fecha en deplorable crisis, violentado hasta más no poder.

La intención, por cierto fallida, de visitar al reo político y dirigente de la Tribu Yaqui, Mario Luna, pone en alto su propósito y su firme compromiso de  procurar justicia a través de los órganos  conducentes en el caso, como todo parece que así será, de obtener el aval ciudadano en los comicios de junio próximo, y ser titular del Poder Ejecutivo en la Entidad.

Se le impidió el acceso al reclusorio hermosillense, con argumentos verosímiles, pero con la artera intención, sesgada sin duda, de negarle el derecho  de dialogar con el recluso, encarcelado por ejercer la garantía de disentir y presidir las protestas de los pueblos indígenas por la operación ilegal del Acueducto Independencia.

Si cupiese la duda acerca del posicionamiento de Pavlovich en el controvertido asunto, su denuncia y enfática demanda  de que se libere a Mario Luna y obtenga la libertad conculcada por arbitrio infundado del régimen en el poder, despejan toda incertidumbre. La abanderada priista pone a consideración de la ciudadanía su convicción en el sentido de que se está cometiendo una injusticia jurídica, moral y étnica con la privación de la libertad de un dirigente leal, respetuoso de la ley, comenzando por la legalidad establecida en el sistema de la Etnia, de sus usos y costumbres.

Claudia Pavlovich refrenda y dignifica, con lo anterior, no sólo la convicción personal, la de su investidura política y por supuesto la de su Partido, en una lucha histórica cuyas consecuencias no se ponderan aún del todo: la batalla por los derechos a la convivencia y a la sobrevivencia; los derechos a la propiedad de quienes hacen de las labores del campo una forma de vida, una actividad productiva en menor o mayor escala para el sustento familiar y para el bienestar social.

Define y redefine principios ideológicos, partidistas  y de índole progresista en medio de horas penumbrosas y oscuras incluso en las que parecen naufragar los valores que han hecho ejemplar y luminosa la historia de Sonora. Pone en el tapete de la lucha política por el poder, por encima de pretensiones de clase, de supremacía social o económica, los principios del igualitarismo, de la libertad y la responsabilidad, así como la prevalencia de la tolerancia y el respeto hacia los demás.

Hablar por los pobres no es halar contra los ricos, parecería argumentar Claudia Pavlovich, evocando a Victor Hugo cuando el inmenso poeta francés arengaba, así, a sus compatriotas: “No hay pasiones políticas en presencia de los que sufren y no hay sentimiento más profundo en el fondo de uno mismo que un corazón que sufre con ellos y un alma que ruega por ellos”.

Y su voz contestataria iba de los diarios a los libros y de ahí a la tribuna: “Denuncio la miseria, que es la epidemia para una clase y el peligro para todas. “Denuncio la miseria, tronaba el autor de “Los Miserables”, que no sólo es  el sufrimiento del individuo sino también la ruina de la sociedad. Yo denuncio la miseria, esa larga agonía del pobre que concluye con la muerte del rico”.

Hoy es la apología y resonante defensa de uno de los líderes de la atribulada Etnia. Mañana serán los obreros y jornaleros empleados y desempleados. Más tarde las mujeres acosadas y vejadas. Luego los miles y miles de niños, adolescentes y jóvenes sin oportunidad de asistir a escuelas y centros de enseñanza técnica y profesional.

De ahí el comentario en el sentido de que tiene impacto positivo el comienzo de campaña, por parte de Claudia Pavlovich.

Y a un buen principio, sin duda, un final mejor.

IMPUNIDAD Y CORRUPCIÓN: MANDATARIOS EN LA MIRA

Tardíamente pero llega, al fin, la Ley Anticorrupción. Y quitando el eufemismo por lo de su tardanza, cabe añadir que si esto sigue por buen camino, más pronto de lo que se piensa llegará a su término la cauda de robos en despoblado y la cadena de enriquecimientos ilícitos por parte de funcionarios públicos en el país: menores, medianos y de la clase alta.

Al destaparse el mar de fondo de la corrupción en la burocracia nacional, mandatarios de todos los colores y de ideologías importadas, habidas y por haber, no ha quedado partido político libre de toda sospecha, suspicacia e incluso de propagandismo electorero. PRD, PAN Y PRI han sido los primeros en haber sido colocados en la mira de los “dimes” y “diretes”, con motivo de señalamientos provenientes de personas, grupos, asociaciones y líderes partidistas ansiosos de dejar mal parados a presuntos y reales malhechores, ante potenciales electores.

En Guerrero, el partido que va en el cabús de la carrera por el poder político fue primero en haber sido llevado al banquillo de los acusados. Cayó, así, el gobernador Aguirre y familia consanguínea, además de correligionarios implicados con los cárteles de la droga.

En Sonora,  el jefe del Ejecutivo, sucesor panista en el gobierno estatal y beneficiario político del expresidente Felipe Calderón, está siendo sometido a indagatorias, una tras otra, cuyo final agónico da la impresión de ser un tormentoso y rudo castigo político del que poco o nada quedará del PAN como no sea la imagen vilipendiada de Partido de la alternancia, aunque no de la transición a la democracia.

En Chihuahua, la candente oratoria del senador  Javier Corral  deja en el tribunal de la maledicencia al gobernador César Duarte Jáquez, con la acusación de inversionista y empresario con los dineros del erario público, sin que hasta ahora el señalamiento adquiera visos de veracidad mediante pruebas contundentes. Así, la ofensa está en el aire, y el daño en suspenso, con el avieso propósito de ser convertido en señuelo durante los próximos comicios.

Volviendo a lo de Sonora, la defensa verbal del dirigentes panista, Gustavo Madero a su pupilo el aún jefe del Ejecutivo estatal, Guillermo Padrés Elías, hace recordar el dicho de “No me defiendas compadre.” Esto, en la medida que Madero  pone  de antemano a Padrés contra la pared y en manos de sus contrincantes, de sus mismos correligionarios y de la masa electoral que ve en él al Hermes de la derrota anticipada del panismo calderonista y hace del otrora victorioso héroe de la alternancia un mártir de la presunta democracia en la Entidad.

“Cosas veredes”, diríase con la expresión atribuida al Quijote.

Al político sonorense en la mira por lo del rancho  de su copropiedad, le ha llovido en grande: lo del hermano incómodo rebasa todo lo imaginable; la contaminación en los ríos Bacanuchi y Sonora por la “Minera de “Grupo México”, lo asocia a la irresponsabilidad de organismos federales (Conagua, entre otros), con dura insistencia; ni qué se diga lo del Acueducto Independencia en cuyo vértice confluyen corrupción, delitos de cuello blanco, violaciones al Estado de Derecho; en suma, previsibles daños a la salud y a la economía, a la seguridad, a la salud y a la vivienda.

Bienvenida, así pues, la multicitada Ley Anticorrupción. Mal se haría si se le considera como un mero añadido al conjunto de reformas constitucionales decretadas por el Presidente de la República Enrique Peña Nieto. Tiene el carácter lógico-jurídico de ser propedéutica en el sentido de introducción, pilar y base de todo el edificio que renueva a la pre moderna fachada institucional.

Así en lo interno como en las relaciones de México con la sociedad internacional.

YAQUIS Y MAYOS: VIL ACOSO Y DESERCIÓN ESCOLAR

No cabe la menor duda. Las etnias del sur de Sonora son blanco infame destinado a ser extinguidos por despojo, invasión de sus bienes y pertenencias, así como a través de la contaminación de ríos, arroyos y acuíferos de su propiedad.

A lo anterior habría que añadir el cobarde y solapado asalto a derechos conculcados con lujo de cinismo y soberbia: de la educación, por parte de quien es responsable de tutelarlos; asimismo, la autoridad bajo entredicho procede negando la entrega de becas a más de tres mil niños y jóvenes indígenas, quienes han ganado dichos apoyos en legítima y pública competencia.

Desde tiempos de la invasión y el saqueo por parte de los “yoris” de ultramar, pasando por la convulsiva y tormentosa época de la Reforma, el Imperio y la Revolución hasta llegar al mandato de Lázaro Cárdenas, el General, los indígenas han sido objeto de rapiña lo mismo por caciques criollos de Chihuahua como por turbas saqueadoras llegadas del país del Norte, en Sonora, sedientas de placeres ocultos en sus feraces valles y prodigiosas montañas.

El expresidente les otorgó tierras y agua, refrendándoles títulos legítimos a los descendientes de Anabayulety, Cajeme y Tetabiate. Los hizo poseedores con plenitud de garantías, según el propósito de poner término al afrentoso capítulo de ignominias cuya finalidad consistía en justificar el latrocinio y legitimar la política de extermino  cuando no la malévola intensión de marcar a cada etnia como fierecillas salvajes capaces de matar por matar y de sobrevivir a expensas de los bienes y las riquezas de los “yoris”  mexicanos.

De indios “patarrajadas” no dejan de ser llamados los “naturales” de los pueblos   autóctonos, como si el uso de tehuas y huaraches fuera distintivo denigrante y sello identificador de seres infrahumanos. Indolentes, ineptos y hombres-zánganos son llamados hombres y mujeres que en su mismo territorio, heredad de sus mayores, son considerados apátridas por extraños y connacionales.

Pero el afán de exterminio en contra de yaquis y mayos va más allá del afán de exterminio por la vía física, el robo de agua, por caso, un bien que les fue otorgado según Decreto Presidencial en la administración política del Mandatario Cárdenas.  La Ley de Aguas Nacionales no dejaría mentir al respecto. Es el ordenamiento que invocan los defensores de yaquis y mayos, el alcalde Rogelio Díaz Brown y el diputado con licencia Faustino Félix Chávez, en defensa de las etnias asentadas en los valles del Yaqui y del Mayo de cuya desafortunada controversia, se habla como de un final feliz, pero no se concreta aún en palabras de la Ley.

El autor actual de los ilícitos considerados acoso y despojo en propiedad ajena  no sólo goza de palmaria impunidad, sino, además, es coautor de burlas a la justicia, ostentándose como émulo del Rey francés para quien el Estado, Francia, encarnaba en su persona. Por lo tanto hace y deshace sin que ninguna autoridad limite la suya.

Mucho más grave o, al menos, tan grave como la extinción humana por el método de la inanición, lo es esta amenaza y su cumplimiento por la vía del atentado contra la integridad del espíritu. La educación, la enseñanza y el cultivo de la mente son derechos inalienables en todo Estado democrático de Derecho. Limitarlo, cercenarlo y violentarlo sólo cabe en espíritus enfermos de poder, en políticos venidos a menos por razón de la avaricia y el egoísmo mal entendido y peor ejecutado. Esta actitud provoca criminal deserción escolar.

No hay duda que la amarga experiencia que padecen niños, adolescentes y jóvenes aborígenes es transitoria. Pero algo habrá que hacer mientras tanto, además de proclamar denuncias por los atropellos.  

El peso de la arbitrariedad es mayor, mucho mayor, de lo soportable. Y no habrá que dejar al tiempo lo que hoy amerita intervención urgente y perentoria.

CHIHUAHUA: DÍA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA

Ocupa el Estado Grande, Chihuahua, un sitio de honor como Entidad pionera en edición de libros en lengua indígena,  dato que consagra la aspiración para dar voz y oído a las minorías que carecen del medio idóneo a fin de comunicar entre sí las vivencias y aspiraciones de sus comunidades, las zozobras y esperanzas de sus integrantes.

En el Día Internacional de la Lengua Materna hace público no sólo dentro de la vasta extensión territorial demográfica (rarámuris, guarajíos, pimas y tarahumaras), sino hacia todo el país y fuera de nuestras fronteras, el propósito de hacer programa institucional, a fin de que las minorías étnicas que hasta ahora permanecen en abrumadora soledad, salgan del mutismo ancestral y se puedan ver, escuchar y comunicar en lengua escrita lo que ellos son, sienten, quieren y proyectan como seres humanos.

Enrique Servín Herrera, titular del Instituto Chihuahuense de la Cultura, expone  en líneas generales, el programa en marcha: tiene la finalidad de rescatar un patrimonio invaluable, pero en vías de extinción: la herencia lingüística de las diversas comunidades antes mencionadas.

Dicha empresa, digna de encomio y aplauso unánime, tiene tras de sí, en su más profunda motivación, el rescate y la salvaguarda de valores aborígenes, en completo olvido y hasta desdén, tras los azares de la Conquista y los impactos socioculturales de la galopante modernidad.

Desde hace años, con la “Visión de los Vencidos” de Miguel León Portilla, el interés por nuestro pasado prehispánico no ha menguado. A los antropólogos se suman arqueólogos y estudiosos del pensamiento mágico de los pueblos nómadas y sedentarios de toda América en procura de conocer el sentido de sus usos y costumbres, las raíces de su encono hacia el hombre blanco y su natural ensimismamiento ante todo lo que sea dominio y predomino en contra de su comprensión de la naturaleza y modo de vivir.

A los etnólogos y exploradores de la cultura indígena, se adjunta la aportación especializada de lingüistas y cultivadores del idioma.

Podría decirse que esta cruzada por la reconquista, la del patrimonio ancestral idiomático de los indígenas, ocurre en una coyuntura donde, del Norte al Sur, las comunidades marginadas sufren agravantes embates sobre sus heredades: montañas y ríos, cuencas hidrológicas y tierras de sembradíos.

Yaquis, mayos y guarajíos, de Guaymas, del Yaqui y de la alejada región de Álamos, Sonora, forman poblaciones de indígenas víctimas de la voracidad de extranjeros y connacionales sedientos de las riquezas que atesora el subsuelo. Contaminan cuerpo y mente, con lujo de impunidad, y envilecen a los lugareños mediante la imposición de hábitos que pervierten y costumbres que hacen imposible vivir en paz y concordia.

Frente a la política de exterminio sociocultural, las noticias provenientes desde Chihuahua dan motivo para refrendar tareas al parecer abandonadas en los expedientes burocráticos y para asignarles significado de estrategia, recuperando y promoviendo valores patrimoniales del linaje original.

Es un gran avance el que da Chihuahua y es positivo el anuncio en el Día Internacional de la Lengua Materna, al poner énfasis sobre la causa minoritaria de las comunidades indígenas, haciendo hincapié en la necesidad, con carácter de premura, a fin de que sus testimonios sean comunes al ser conocidos entre sí; y que se conviertan dichos testimonios en objeto de interlocución y entendimiento ´por parte de unas y otras etnias.

Y esto es motivo de encomio, pues la unanimidad lingüística permite que se traduzca en tema perceptible el estado social, cultural y económico en el cual viven y conviven. Afirma Ferdinand De Sausure en “Curso de lingüística general”: “En la vida  de los individuos y de las sociedades, el lenguaje  es un factor más importante que cualquier otro”.