Por Federico Osorio Altúzar
El Presidente
Felipe Calderón vio con sus propios ojos el drama de los indígenas flagelados
por la peor sequía de que haya memoria en la sierra de Chihuahua. Escuchó con
sus propios oídos la queja de los marginados de la Tarahumara desde Valle
de Allende, enclave convertido en centro distribuidor de alimentos, alimentos,
ropa y medios de auxilio para miles de aborígenes convertidos en víctimas del
hambre y enfermedad.
Rarámuris, tarahumaras, guarajíos y pimas, están
dejando de ser denominaciones intraducibles en el diccionario de los políticos
y adquieren un sentido de realidad en el diccionario de neoconservadores,
neoliberales y representantes de la izquierda moderada o radical.
Ciertamente, las etnias chihuahuenses no son las
únicas ni las primeras en condición de penuria extrema. Si la emergencia las ha
puesta a ojos vistas, a la luz en medio de la oscuridad y las tinieblas que han
tendido sobre ellas los gobiernos capitalistas, revolucionarios y embajadores
de los cacicazgos en turno, de aquellos de que habla Mark Wasserman en su
clásica obra sobre el tema, no es en razón de que la población indígena haya
sido y sea, a la fecha, últimamente, objeto de sesgado olvido por parte de los
políticos en el poder.
Viene desde muy atrás el despojo de sus bosques, el
atraco con sus tierras y yacimientos de minerales, la invasión sistemática de
sus posesiones y el cinismo disfrazado para esclavizar, de generación en
generación, desde La Colonia ,
sus mentes y cuerpos. Colonizadores y neo colonizadores los han convertido en
reos dentro de sus propios territorios, nómadas en sus propias
circunscripciones, apátridas bajo el cielo y dentro de la geografía de que
fueron señores y amos en el remoto
pasado.
En este sentido, hay máxima prioridad en las sierras
montañas no sólo de Chihuahua y por causa de la atroz sequía, sino la hay (y de qué manera) en más de una
veintena de entidades azotadas por la inclemencia de las políticas
depredadoras, acentuada por el ciego embate de la Naturaleza convertida
en denunciante de la marginación y la perversa política de exterminio. La
máxima prioridad consistiría en poner punto final a los programas que más bien
asemejan a una “solución final” para borrar de la geografía a las etnias
menesterosas que son, por hoy, rémora y espejo del subdesarrollo y rezago del
modelo socioeconómico impuesto en el país.
Por vía intuitiva, en vivo y sin interlocutores, el
Presidente de la República
se percató del fracaso del llamado federalismo político y la desconcentración
económica establecida en los convenios de transferencias de recursos a los
Estados, federalismo lastrado por la ineficacia administrativa y el
partidarismo en el manejo de la hacienda pública, por arte y magia de
funcionarios de segundo nivel, con la complacencia o ineptitud en los gobiernos
estatales y municipales.
Saboteada la reforma hacendaria propuesta en el seno
de CONAGO, desde 2003, precisamente por el entonces gobernador chihuahuense, a
fin de hacer obligatoria en términos de equidad, la devolución de recursos a
las entidades federativas, ahora los acuerdos son obstruidos por resolución de
la autoridad del ramo o bien por el veto presidencial. El caso es que la
hacienda pública actúa olímpicamente como el azadón de que hablaba el ex
gobernador Patricio Martínez García, bajo la conseja de “todo para acá”,
haciendo nulo el ideal de igualdad relativa entre los Estados y la Federación,
propiciando en consecuencia situaciones que hacen hablar de “máxima prioridad”,
cuando bastaría con que fuesen “prioritarias”, al fin de cuentas.
Pero todo hace notar que la prevención es asunto de
lujo, de entelequias y utopías. Sirve, generosamente, a la discriminación y a
los propósitos no muy ocultos de
exterminio y devastación.
