Bienvenido lector:

Federico Osorio Altúzar ha sido profesor de Filosofía en la UNAM y en la ENP (1964-1996) y Editor de la Gaceta de la ENP desde 2004.
Durante 15 años fue editorialista y articulista en el periódico NOVEDADES.
Es maestro en Filosofía. Tiene cursos de Inglés, Francés, Griego y Alemán.
Ha publicado en Novedades, el Heraldo de Chihuahua, El Sol de Cuervanaca, el Sol de Cuautla, Tribuna de Tlalpan, Tribuna del Yaqui, Despertar de Oaxaca y actualmente colabora en la versión en Línea de la Organización Editorial Mexicana (OEM).







lunes, 27 de diciembre de 2010

ELECCIÓN EN LA SCJN: DISENSO Y CONSENSO



   Por Federico Osorio Altúzar
Hubo disenso en el Senado acerca de la terna enviada por el jefe del Ejecutivo para elegir sucesor del ministro finado José de Jesús Gudiño Pelayo y consenso, por otra parte, tocante a la candidatura del ministro Juan N. Silva Meza, solitario aspirante a fin de presidir el Supremo Tribunal a partir del entrante mes de enero. Desacuerdo en lo primero; unanimidad en lo segundo.
Cercano y calificado contendiente fue el ministro José Ramón Cossío considerado circunspecto jurisconsulto, quien de manera pública expresó, en tiempo y forma, las razones que le llevaron a declinar para la relevante encomienda. En la persona de Silva Meza, a su vez, concurren rasgos y virtudes éticas y profesionales que lo describen como paladín de aquellas garantías que trascienden al ámbito de las garantías sociales.
Observadores del tema en cuestión suelen colocarse gafas para sopesar tendencias, proclividades y preferencias de orden ideológico y doctrinario, relacionadas con aspirantes a coordinar la actividad del órgano colegiado. De ese modo, en los eventuales presidentes de la SCJN ven, ora líderes del ala conservadora, ora dirigentes del ala liberal, esgrimiendo en todo caso argumentos que justificarían la inclinación y el influjo en la apología de los derechos individuales o bien la toma de partido para la custodia de los derechos sociales.
Se tira lejos del blanco si el criterio para discernir este asunto fuera así de simplista, sin que se tomara en cuenta que la Suprema Corte es el escudo defensor de la Constitución, su coraza y valladar frente a cualquier voluntarismo. Y no tendría por qué ser  organismo, o bien órgano político a expensas del temperamento o visión subjetiva del gobernante en turno. Con todo y el dicho de un encumbrado rector del Supremo Tribunal quien solía advertir que, en este país, nada se mueve sin la decisión del Presidente.
Su carácter neutral, imparcial y objetivo, le restringe a sus integrantes el actuar con arreglo a intereses subjetivos, ora de tinte conservador ora de tinte progresista, pues en ese caso estaría siendo intérprete de una Constitución de derecha o hermeneuta en el otro extremo de un orden normativo supremo de tipo revolucionario, lo cual resultaría paradójico o francamente sin sentido.      
Ni duda cabe que entre los asuntos más acuciantes está el de la violencia. Y, paralelamente, está el de la justicia, faro resplandeciente para establecer la paz social o insoslayable “cabo de las tormentas”, problema de la garantía jurisdiccional de la Constitución.
Así, resulta explicable la acentuada curiosidad y el desacostumbrado interés público que motiva la elección de Presidente de la Suprema Corte.  En el caso, hay expectativas a fin de conocer la trayectoria, experiencia y solvencia intelectual del ministro Juan N. Silva Meza, quien hace dos décadas asumió el cargo de Magistrado (2 de diciembre de 1988, Segundo Tribunal Unitario, Primer Circuito, del  Distrito Federal)
En el Directorio Biográfico del Poder Judicial de la Federación (SCJN, 1993) puede leerse en la página 214, lo siguiente: Nació el 13 de septiembre de 1944 en México, D. F. Estudios: Facultad de Derecho, UNAM; examen profesional con la tesis “El artículo 333 del Código Penal”. Carrera judicial: juez Octavo de Distrito en Materia Penal, DF; secretario de Estudio y Cuenta, Primera Sala, SCJN; secretario en el Tribunal Colegiado del Primer Circuito. Docencia: profesor de Nociones de Derecho Positivo Mexicano (Escuela Nacional Preparatoria, UNAM); catedrático de Derecho Penal y Derecho Mercantil y Bancario. En la División de Estudios de Posgrado, Derecho Penal Fiscal y Delitos Fiscales (Facultad de Derecho, UNAM); maestro de la asignatura Delitos Fiscales, Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE).

miércoles, 15 de diciembre de 2010

FRENTE A LA VIOLENCIA ORGANIZADA, LAS INSTITUCIONES DE CONTROL




Por Federico Osorio Altúzar
México, el gobierno de México, declara el vocero de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) no tiene nada que festejar en materia de los Derechos Humanos, a propósito del día internacional conmemorado el pasado 10 de este mes en diversas regiones del planeta. Habría que añadir que tampoco puede levantar la voz con franqueza y veracidad tocante al tema del llamado cambio climático en virtud de que, en nombre de la modernidad, se avasallan derechos de propiedad y se conculcan garantías individuales y sociales de las etnias  en las zonas perdidas de la sierra y la montañas, sobre los que otra vez pende la espada de Democles.
La violencia de Estado se impone como logística para erigir sobre la humillada población las bases modernas del autoritarismo, vía la militarización creciente y el consiguiente atropello de las garantías de libertad de expresión, de tránsito, de seguridad y de propiedad. Los bosques, el subsuelo, el agua, las tierras de labranza vuelven a ser, como en la Colonia y el Porfirismo, objeto de codicia por parte de émulos de hacendados y herederos de bienes malhabidos y acopiados al amparo del robo y el despojo.
Pero si al respecto no hay mucho o nada que festejar en lo que va de este siglo, sí hay mucho qué hacer, y más de lo imaginable, con la premura y  la atingencia que los tiempos aconsejan, para contener a los aprendices de tiranos y de autócratas, su desbocado voluntarismo, antes de que impongan, sobre los escombros de la tímida democracia en México, el Estado autoritario frente a frente del cual se hizo la Revolución Mexicana hace cien años.
Desde el seno de uno de los estados más afectados  por la violencia criminal y en donde se enseñorea, por cierto, uno de los experimentos políticos menos publicitado a nivel nacional, pero con el mayor consenso favorable de los ciudadanos, en Guerrero, la voz del mandatario estatal Zeferino Torreblanca se hace oír llamando a la concordia en horas inciertas en que asoma la confrontación política y partidarista, para hacer ver la inconveniencia de atizar violencia sobre violencia. Esto es lo que menos conviene a Guerrero, advierte. Añadiríamos: es lo menos que  conviene a los mexicanos en  vísperas de la sucesión presidencial. Como hace un siglo.
 Allá mismo, en Chilpancingo, ciudad capital, sede de los poderes estatales, desde la cual se libra actualmente una tenaz y declarada guerra contra los restos del autoritarismo y el caciquismo decadente, la proclama por la validez y eficacia de los Derechos Humanos cobra inusitada vigencia y prioridad, dando a las instituciones de control la prevalencia que le es propia como valladar a cualquier asomo de intemperancia y haciendo las precisiones y correcciones, en su caso, para que los órganos responsables actúen, en tiempo y forma, con impecable autonomía y solvencia en bien de la sociedad.
Con la representación del Ejecutivo, Israel Soberanis Nogueda, secretario general de gobierno, funcionario experimentado en tareas al servicio de su entidad: presidente municipal de Acapulco, rector de la Universidad Americana, diputado federal y senador de la República, acaba de expresar en el Tribunal de lo Contencioso un mensaje, con trasfondo eminentemente humano, asegurando que en medio del disturbio y la anarquía la paz por medio del Derecho es y será la impronta que “selle los destinos del mandato constitucional en turno”, pues en el gobierno de Torreblanca la garantía de audiencia es fundamental. Precisa a su vez que la inconformidad y la controversia son recursos en manos de la sociedad  y formas para hacerse oír ante una administración pública que asegura ser moderna, participativa y democrática. No hay duda: es oportuna y lúcida esta declaración a la luz del Día Internacional de los Derechos Humanos.

miércoles, 1 de diciembre de 2010

EN LA UNAM, EL SESQUICENTENARIO QUE VIENE


Por Federico Osorio Altúzar

El triunfo de la República encabezado por el presidente Juárez, en 1867, es la victoria de los ideales de libertad educativa, política y religiosa. Representa, por otra parte, la derrota de la sociedad cerrada marcada por la fe en el dogma y la creencia. Así, toca a su fin la edad oscurantista y el desdén hacia las ciencias naturales y matemáticas, las ciencias sociales de base jurídica y el desprecio por el arte entendido como expresión de todo lo humano.
El 2 de diciembre de ese año (1867), el Benemérito expidió la Ley Orgánica del Distrito Federal, con arreglo a la cual se produjo la primera revolución educativa en el país. Entre sus innovaciones, escribe Ernesto Lemoine, la más trascendental fue la creación, sustentada en la doctrina positivista, de la Escuela Nacional Preparatoria.
Con ese motivo, la Preparatoria enaltece aquella fecha histórica, rumbo al Sesquicentenario de su fundación, no tan lejana como parece, a la distancia de siete años; festeja 147 años de servir educativamente a México forjando decenas de miles de jóvenes con vocación nacionalista y visión ecuménica; recuerda en estos días que el 9 de diciembre próximo se cumplirán tres décadas del traslado de San Ildefonso a su actual sede de Adolfo Prieto. Y en breve, el 3 de febrero entrante, celebrará un aniversario más de la apertura de cursos con una asistencia, entonces, de novecientos alumnos (Lemoine, “Efemérides”, 1978)
La Preparatoria dio, en 1910, hálito de vida a la naciente Universidad Nacional y ésta la convirtió, a su vez, en fuente de inagotables recursos humanos, los que requiere para cumplir sus funciones sustantivas y avanzar culturalmente en la modernidad. Protagonizó, al final de la década de los años veinte, la batalla por la autonomía convertida en garantía constitucional en los ochenta. Participó en los aciagos años de 1968 y 1971 frente a la agresión brutal a las libertades académicas mancilladas, y luchó por la no injerencia del anarquismo empobrecedor en el “campus” de la Universidad.
Harían bien, desde ahora, sus máximas autoridades académicas y administrativas, el claustro de sus profesores de carrera, sus ex directivos, investigadores y coordinadores, en recrear su pasado, haciendo de su historia un legado redivivo, siempre actual; viviente en una palabra. Los tiempos que corren son propicios para llevar a cabo una profunda introspección, un autoanálisis crítico que ponga en claro, con propósito esclarecedor y por lo mismo objetivo, la continuidad de sus planes y programas de estudio, a fin de ponderar el progreso institucional en la reubicación de sus instalaciones como también en sus acervos bibliográficos, la programación y edición de libros de texto y de consulta.
En suma, es aconsejable llevar a cabo una revaloración a fondo, comenzando por investigar y publicar una colección de biografías preparatorianas con sus filósofos, pedagogos, historiadores, jurisconsultos y sociólogos. Pues, ¿quién recuerda, por cierto, a Porfirio Parra, chihuahuense notable como los rectores universitarios Manuel Gómez Morín y Salvador Zubirán, ambos asimismo de Chihuahua. El doctor Parra fue el segundo director de la Preparatoria.  Médico y humanista muy distinguido, filósofo al igual que su ilustre antecesor.
Se echa de menos un capítulo expositivo en donde se explique cómo y por qué el positivismo filosófico fue cancelado como método pedagógico y sustituido en sus principios teóricos por modas románticas (fenomenología, existencialismo y neo escolástica). ¿Cuáles fueron las consecuencias desde el punto de la enseñanza, la formación humanística y científica? ¿En qué ganó o qué perdió, desde el punto de vista del progreso educativo, formativo e informativo, la enseñanza propedéutica de la Preparatoria?        



martes, 23 de noviembre de 2010

OTRO CENTENARIO: POR QUIÉN DOBLAN LAS CAMPANAS


                                                          
Por Federico Osorio Altúzar



El presidente Adolfo López Mateos hizo despertar del sueño dogmático a la clase política con su tronante declaración según la cual su gobierno era de izquierda. De izquierda dentro de la Constitución, precisó.
Eran tiempos en que el llamado desarrollo estabilizador irradiaba fuerza del partido político  hegemónico y experimentado al que la oposición, si la había, no le causaba la menor mortificación. El Partido Comunista representaba, desde la clandestinidad, la antítesis opositora, pues en el seno del PRI cabían todas las corrientes ideológicas, sin descartar a los mismos conservadores y ultraderechistas expulsados por  la Revolución.
Las preguntas no se hicieron esperar. ¿Era acaso la Constitución Política un ordenamiento de izquierda? ¿Podía un Presidente de la República, con el mismo argumento, declarase de derecha, pero con arreglo a la Carta Magna? La Constitución, ¿era algo así como la Cama de Procusto que podía ajustarse al deseo del mandatario en turno? Izquierdas y derechas, ¿tan sólo tenían un valor ideológico declarativo, retórico, sin más?
Dos décadas después las cosas tomarían otro perfil. Los líderes políticos opositores saldrían de la clandestinidad. Ser de izquierda, entonces, marcaría líneas definitorias de beligerancia y acción plebiscitaria. Por otra parte, la derecha esperaba, desde principios de los 90, recibir beneficios electorales a la sombra de la ruda disputa por el poder entre el omnímodo PRI y el naciente PRD. Cuauhtémoc Cárdenas, como en el 2006 Andrés López Obrador, se declaraba vencedor ante un Carlos Salinas considerado por los cardenistas y otros sectores usurpador y Presidente ilegítimo.   
El escenario político nacional y regional es otro hoy en día. Beneficiada la derecha por el PRI en la década finisecular, en Chihuahua, para citar el caso más ostensible del concertacionismo priísta, hoy hace alianza vergonzante con el PRD con el señuelo de evitar lo que parece ya ineluctable: el regreso del PRI a los Pinos, aunque sin los Ulises Ruiz y los Salinas, nombres emblemáticos de un pasado  que la gran mayoría ha terminado por abominar.
En el marginado Guerrero todo indica que la estrella de la izquierda perredista local tiende a ocultarse. Ahí, Zeferino Torreblanca Galindo representa lo que el liderazgo personal puede llegar a significar  a partir de una izquierda (¿dentro de la Constitución?) enarbolada desde la entraña empresarial, mas con la propensión hacia el cambio social. Todo proveniente de la vocación personal y por un acendrado sentimiento de solidaridad.
Tres veces candidato perredista hasta ganar al fin la alcaldía de Acapulco y vencedor en 2005 para gobernar Guerrero, Torreblanca es el primer candidato del PRD en lograrlo. Expresa en su experiencia política individual cómo la crisis interna del sol azteca lleva a su posible disolución y diáspora. Gana sin mediateces y sombra de manipulación, con el voto mayoritario de los guerrerenses, precedido por una campaña que lo llevó a la sierra y a la montaña, a las costas y a los valles, ajena a la estridencia y a las promesas populistas. Cuestionado por su origen empresarial, a sólo cuatro meses de cumplir con su mandato, Zeferino Torreblanca toma distancia de un PRD en vertiginosa caída, ideológica y logística. De un PRD ávido de poder por el poder mismo, que coparticipa en tácticas auspiciadas por el ahora partido en el poder. El mandatario guerrerense, así, se hace a la mar con todo y la soledad que implica el desdén de la cúpula a su política de cambio con acento social, el rechazo a meter las manos en el partido y a la tentación de hacer clientelismo por medio de dádivas y cuotas de poder.   
Ahora bien, si los guerrerenses no se equivocaron, la pregunta es: ¿por quién doblan las campanas?

martes, 16 de noviembre de 2010

UNIVERSIDADES: ENTRE EL ABANDONO Y LA VIOLENCIA CRIMINAL




Por: Federico  Osorio Altúzar

En vísperas del centenario de la Revolución, la violencia organizada surge a gran escala, esta vez impetuosa y ciega, haciendo presa del estallido al país entero y como principal víctima a la población inerme, desamparada y desprotegida, inclusive por el propio Estado. Presionado éste desde dentro y erosionado desde fuera a causa del entreguismo vergonzante de gobiernos impopulares, el afrentoso proceso culmina en defenestración institucional.
Estado fallido llaman los voceros del Imperio al Estado mexicano. Estado ineficaz, traspatio para los invasores y tierra baldía de sus torvos propósitos, de sus experimentos expansivos, y para saciar la sed de las transnacionales a fin de obtener recursos estratégicos a como dé lugar. Al igual que en los años previos a la Constitución de 1917, armas y explosivos entran por las fronteras del Norte y del Sur; ahora desde puertos marítimos y aeropuertos, con la venia de autoridades que, por otra parte, facilitan la conversión de nuestro territorio en paraíso fiscal y de lavado de dinero.
De guerra no declarada, guerra al fin, hemos pasado a una abierta confrontación que involucra a la población civil en una especie de altercado de guerrillas entre líderes del crimen, mafiosos contra testaferros reclutados por la criminalidad criolla y transnacional. Se trata de una reyerta en donde la  sociedad civil es objeto de atracos, blanco de la perversidad de sicarios y traficantes de toda laya. Frente a esto, el gobierno de la República parece dejar las riendas de la legalidad en manos de criminales que ensayan una especie de “resolución final”, amenazando, acosando, ahuyentando y dictando órdenes a la población. En suma, conminando al Estado a fin de que pacte con ellos, criminales y agentes al servicio de la provocación internacional.
Mientras tanto, el desdén se cierne en torno a las instituciones educativas del país. Se amenaza y amedrenta a los planteles escolares del nivel básico como estrategia para aterrorizar a las familias; se ataca centros académicos  hiriendo y cegando la vida de alumnos y maestros, sin que se esclarezcan los ilícitos y se castigue a los culpables.
Al propio tiempo se vuelve a la ancestral táctica de doblegar por la penuria y el hambre a las universidades públicas cuyo sostén, por mandato constitucional, proviene de recursos pecuniarios de la Federación. Con mano implacable retiene ésta las partidas presupuestales con dicho efecto, hace caso omiso a los reclamos de rectores y directivos; ocasiona en fin rezagos económicos y quebrantos financieros propicios para desestabilizar y provocar  ingobernabilidad, protesta y enfrentamientos.
Las universidades empobrecidas han sido, son y serán, pasto apetitoso para la injerencia de élites, grupos desnacionalizados y voraces transnacionales. Ahora, como en el 68, son víctima de acoso por aventureros junto con inescrupulosos políticos con ansia de poder, dispuestos a todo, incluyendo la  violencia y el terror. Las instituciones famélicas que egresan profesionistas formados al vapor, con ostensibles vacíos informativos y nula sensibilidad social, se convierten, así, en campo de ensayo para quienes profesan la perversa misión de cercenar, junto con el cuerpo, la inteligencia.
Como en los 60, estamos frente a frente de nuevos vientos desestabilizadores los cuales soplan desde los planteles escolares de formación básica, los centros de enseñanza media superior y superior, y alcanzan aún a los institutos de alta docencia e investigación. La estrategia se repite: consiste en socavar las libertades académicas para enseñar, investigar y difundir cultura; someter por medio de la inanición y la precariedad. Por esa vía, el escenario estaría listo, claro, si se les deja, para la penetración y el predomino colonizador.       

miércoles, 10 de noviembre de 2010

LA MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ AL RECTOR INOLVIDABLE


Por Federico Osorio Altúzar 

“Post mortem”,  cuatro décadas después de su fallecimiento en 1971, Javier Barros Sierra es honrado con la Medalla Belisario Domínguez en reconocimiento a su irreprochable y lúcido liderazgo,  cívico, académico, y profesional,  al frente de nuestra máxima casa de estudios en horas de recia tempestad  como nunca antes ni después.
A su tío abuelo,  don Justo Sierra, debemos la creación de la Universidad Nacional. Al ingeniero Barros Sierra el haber efectuado su cabal defensa, la puntual y señera apología, convirtiéndose en  escudo inexpugnable para contener a los depredadores de oficio y amparar, con la reciedumbre de su voluntad, anclada en la ley, de la violencia organizada,  a  miles y miles  de alumnos, maestros y empleados perseguidos y hostigados por el poder político en turno.
En su memoria, la medalla laudatoria resplandece con luz propia y con los reflejos que  emanan de los corazones de universitarios de bien que jamás lo olvidarán mientras vibre la emoción por el derecho a pensar lo que se quiere y a querer, objetivamente, lo que se piensa. “Honrar, honra” dice la sentencia que alude, como en este caso, al reconocimiento implícito en la presea a fin de exaltar virtudes que no perecen. De él, asimismo, puede decirse: “No todos los hombres son mortales”.
En una época aciaga en la que asesinar se está volviendo un acto cotidiano y aún deleznable para algunos seres irracionales, y en la que se pone indiscriminadamente en la mira de las armas criminales a  jóvenes y  adolescentes en plenitud de vida, con la torva finalidad de socavar la esperanza y el futuro de la sociedad, de cancelar todo proyecto educativo y toda tarea destinada a renovar y crear los valores del saber, del querer social y del sentir artístico; en esta época, ahora,  rememoramos al rector insigne por su bonhomía, vocación humana y fe inquebrantable para defender la integridad física y moral de la inteligencia y la juventud.  Su claridad intelectual aunada a su diáfana comprensión, fue la palanca a fin de sortear los peligros que rodeaban a la Universidad y a su comunidad en franco estado de indefensión, lo que impidió, en aquel lóbrego 68,  la comisión de más actos bestiales y de barbarie    
Barros Sierra asumió la Rectoría de la UNAM después de una intensa actividad profesional  en la iniciativa privada y después, asimismo, de haber entregado talento y disposición a la docencia   desde la enseñanza media superior hasta  el nivel superior en su Facultad de Ingeniería, cuyo auditorio principal lleva, con dignidad y orgullo, su ilustre nombre. Escribió obras didácticas que revelan su “eros” pedagógico, entre otras de cálculo infinitesimal en la colección Textos Universitarios. ¿Qué más puedo hacer por la Universidad? era su preocupación diaria, indeclinable.
En 1966 asumió la Rectoría en medio de la intransigencia interna y los asomos de represión externa por parte del conservadurismo en boga, provocativo y dispuesto a imponer su consigna de postrar a la institución por medio del embate a su Ley Orgánica y procurar el derrumbe de su organización académica y, con ello, el régimen de libertades para enseñar, Investigar y difundir la cultura universitaria.    
A dos años de su rectorado, una vez sueltos todos los demonios de la anarquía y la insania, Javier Barros Sierra se vio enfrentado a la más ruda y brutal de las embestidas contra la Universidad, desde su fundación hasta nuestros días. A cuatro décadas de su muerte, su ejemplo crece en la medida que la insania letal  aumenta con el objetivo avieso de minar los caudales de energía  y pervertir a quienes, teniéndolas,  podrían tomar las riendas del avance científico y humanístico en el país cuando más falta hace. ¿A quién, con palabras suyas, podría convenirle esto?


LA MINERÍA AHORA: NUEVO ROSTRO CON DESTINO SOCIAL


Por Federico Osorio Altúzar

Sonora y Chihuahua, Durango y Coahuila se asientan  en montañas y sierras de metales preciosos, como en el sur y el sureste de México, los mantos petroleros fluyen en los subsuelos de Campeche, Tabasco y Veracruz. La madre naturaleza les escrituró  legados inexplorados aún, en vía de explotación y usufructo. La tragedia de la mina de San José (Chile), nos ha sacudido y habla de la industria en cuestión: riesgos y desafíos en orden a la obtención de riquezas y prosperidad, de  opulencia ante la extrema pobreza, plena ocupación y apertura de inversiones; en suma, de tentadoras ofertas de crédito  y financiamiento.
La otra cara de la realidad social y económica sugiere que la oportunidad es atractiva en términos de viabilidad: hace renacer esperanzas de resurgimiento material, de recuperación y salud financiera en el mediano plazo; de convivencia en paz y seguridad.
Cananea es elocuente voz de alerta. Como en 1906, son intolerables abusos y vejaciones al cobijo de la arbitrariedad. Advierte sobre el riesgo inminente de echar combustible a la hoguera de la inconformidad, tras el drama de Pasta de Conchos.
Pero lo anterior no indica que  a causa de la corrupción, el entreguismo a las transnacionales y el afán de erosionar derechos humanos,  laborales y de libre asociación, hubiese que cegar pozos petroleros, cancelar petroquímicas y dejar sin efecto compromisos comerciales con el exterior. Así, es motivo de optimismo y prudente expectativa, de no oculto júbilo oficial y empresarial, las noticias relativas a la reactivación de la minería en el norte del país, en Sonora y Chihuahua. Veamos por qué.
En los municipios de Cucurpe y Magdalena, en el solar sonorense, avanza el proyecto minero con obras de infraestructura y trámites relativos a tenencia y uso del suelo con el fin de evitar problemas administrativos y de carácter laboral. Por otro lado, en la Tarahumara se dan a conocer proyectos y propuestas respaldados por grupos como el Grupo Carso y por capitales dispuestos a  promover el desarrollo minero regional. En los escenarios  donde  el coronel Joaquín Terrazas libró denodada guerra contra los apaches, se abre paso el proyecto liderado por nuevos políticos, jóvenes  funcionarios públicos para quienes, tarde o temprano, habrá que pagar a los marginados  la deuda diferida desde la Colonia y desde el México posrevolucionario, vigente hoy.
Presidente de un municipio periférico, Moris (similar a Ocampo, Batopilas, Uruachi y Carichi), José Martín Pérez Campos enarbola un proyecto audaz para el Desarrollo de la Sierra de Chihuahua, con la fuerza vinculatoria de más de doce munícipes de la región, integrado con alternativas de progreso y bienestar  para todos los pobladores al margen de condición económica o social, de etnia o de preferencia política o de religión.   
El proyecto arranca del análisis socioeconómico de los municipios serranos, describe las actividades productivas actuales (agricultura, ganadería, minería, turismo, y otros); incluye la fuente de recursos federales y estatales; enlista las áreas de oportunidad en rubros emergentes:  comunicación (carreteras, caminos rurales y telefonía); urbanización y servicios básicos (energía eléctrica, agua potable, drenaje);  asimismo, subraya otras áreas de oportunidad: producto de lácteos (hatos lecheros familiares, praderas o invernaderos); turismo: hospedaje, alimentación, visitas guiadas, “camping”, sin dejar de lado la capacitación para el trabajo y la descontaminación de suelos. 
Lúcido ejemplo de un municipalismo moderno, visionario y audaz, sus promotores abonan credibilidad al pacto federal en su carácter de fuerza política, económica, educativa y cultural, por medio de la asociación y el compromiso, propiciando, así, nuevas formas de vivir y convivir.